Se acabaron las excusas técnicas. Marruecos volvió ayer a cerrar todas las puertas al regreso a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, de la activista Aminatu Haidar, que cumplió su vigésimo día de huelga de hambre en el aeropuerto de Arrecife (Lanzarote), a donde la deportaron el pasado 13 de noviembre las autoridades alauitas después de impedirle la entrada al país y retirarle el pasaporte.

Los responsables del país magrebí comunicaron al Gobierno español que el supuesto pacto al que llegaron el viernes, que permitía la entrada en Marruecos de Haidar sin pasaporte y con un salvoconducto del Ministerio del Interior, no existe y que las posiciones están en los mismos términos que el jueves. Es decir, que la activista saharaui no podrá regresar a su casa salvo que pida público perdón al rey Mohamed VI o que reconozca que el antiguo Sáhara español es territorio marroquí. Los responsables del país vecino, que ni siquiera reconocen ahora haber llegado a acuerdo alguno con España, insisten en que su postura «no va a cambiar». La crisis está bloqueada porque la pacifista ya adelantó que nunca aceptará esas condiciones para el retorno.

El Gobierno español, que aseguró que continuará sus gestiones para desbloquear la situación, asumió hoy por vía indirecta que ve muy complicado revertir la negativa marroquí, de forma especial cuando el director de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio Alonso, ofreció a Haidar una residencia estable en España, hasta que cambie la situación, y realizar gestiones para que su familia e hijos pudiesen venir a visitarla. El diplomático, que trata de convencer a la activista para que deje su huelga de hambre, indicó que el Gobierno le ofrece de nuevo la condición que más le guste, estatuto de refugiada o pasaporte español, y que mantiene su oferta de poner a su disposición un avión para regresar al Sáhara «cuando se produzca un cambio en las autoridades marroquíes».

La respuesta de Haidar, débil y agotada, pero firme, no se hizo esperar. En un duro comunicado, acusó al Gobierno de ser «cómplice» de Marruecos para «empujarla hasta la muerte» y responsabilizó a España de las consecuencias de la huelga de hambre que no va abandonar. La pacifista, que permaneció todo el día de ayer en el habitáculo del aeropuerto en el que duerme para recuperar fuerzas, cree que el Ejecutivo español es «incapaz» de resolver la situación, que vulnera la legalidad internacional y despreció el ofrecimiento de una residencia con un expresivo: «Mis convicciones no se venden».

«Sin reproches»

El Ejecutivo español señaló que su única arma en este asunto seguirá siendo la negociación diplomática y que no sucumbirá a quienes le exigen medidas más contundentes. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso calificar la ruptura del pacto por Marruecos e insistió en que el Gobierno «apuesta por el diálogo, con responsabilidad y sensatez». El ministro de Fomento, José Blanco, fue aún más claro. «El Gobierno hace todos los esfuerzos para resolver el problema sin generar otro», dijo, antes de añadir que este asunto «no se resuelve con reproches sino con intensidad diplomática».

El argumento con el que Marruecos abortó el viernes por la noche el viaje de retorno de Haidar al Sáhara, cuando el avión medicalizado que la transportaba ya enfilaba la pista de despegue de Arrecife, se comprobó ayer que fue sólo una excusa. La torre de El Aaiún revocó el permiso de aterrizaje concedido horas antes porque dijo que el plan de vuelo no se había presentado con 24 horas de antelación. Sin embargo, cuando se volvieron a pedir los mismos permisos al filo de la medianoche y, por segunda vez, a las siete de la mañana de ayer la contestación fueron sendas negativas sin explicación alguna.

Las presiones a Marruecos no sólo se producen desde España. Responsables de la ONU y la Unión Africana insistieron ayer en que Haidar debe retornar a El Aaiún.