Los Gobiernos de México y España están tratando de mejorar la aplicación del Convenio de La Haya sobre la sustracción de menores, que ambos han ratificado pero que desde 2006 no se ha traducido en devoluciones de menores ordenadas por jueces, señaló hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE).

El tratado internacional, que se adoptó en 1980, establece que si uno de los padres o sus familiares se lleva a un pequeño, éste debe ser devuelto al país de residencia habitual para, si no se llegara a un acuerdo extrajudicial, litigar allí la custodia.

El convenio establece como plazo ideal de restitución de un menor sustraído por un pariente o progenitor un plazo de seis semanas, que no se cumple casi nunca porque el que sustrae busca por lo general “prolongar los casos” con argucias legales, explicó a Efe el director de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la SRE, Daniel Hernández Joseph.

La dilación excesiva, según Hernández, es contraria al espíritu del convenio, puesto a prueba cada vez más por el incremento de matrimonios de personas de distintos países.

En el caso de México las autoridades suelen reclamar cada año la restitución de unos 50 pequeños, la mayoría de ellos a EEUU.

En el caso de España, la Cancillería mexicana ha pedido desde 2006 a la fecha que nueve menores con esta nacionalidad sean devueltos a este país, lo que los jueces españoles han rechazado en todos los casos.

Las negativas también se han dado a solicitudes de España. Con este país hay once casos pendientes desde 2006, dos están en proceso de arreglo, pero los demás con negativas a las repatriaciones.

Para Hernández “en el caso específico de España falta mucha comunicación” entre ambos gobiernos centrales, y al mismo tiempo, “que los juzgados sean un poco menos nacionalistas y más internacionalistas” y coloquen “el mejor interés del menor” en el centro de la disputa.

Sostiene que España y México tienen que sentarse a trabajar “para que se atienda el espíritu por el cual ambos países somos miembros de este convenio”, señaló.

Hasta el momento el asunto se aborda en la Comisión Binacional entre los dos países, que el próximo 21 de diciembre celebrará una reunión política en México.

Dos casos en que están involucrados padres españoles cuyas esposas mexicanas murieron, han trascendido recientemente, uno en Coauhila, norte del país, y otro en el Estado de México, vecino a la capital mexicana.

La prioridad desde el punto de vista institucional debe ser actuar “con frialdad” y, siempre, “en el mejor interés del menor”, agrega.

La mayor problemática para los mexicanos es con EEUU, país con el que hay “350 casos abiertos” en muchos de los cuales se combina una situación familiar difícil con cuestiones migratorias.