vitoria. La acogida de menores extranjeros no acompañados por parte de las instituciones alavesas competentes, en este caso la Diputación, sigue siendo un asunto peliagudo. Al margen de los problemas de conflictividad asociados a este colectivo, el Ejecutivo foral siempre ha protestado por la avalancha de jóvenes inmigrantes que sufre el territorio en comparación con otras comunidades autónomas, una queja que se suma a la de los fraudes que se cometen por parte de estos chicos a la hora de confirmar su edad. Ante la dificultad por determinar una cifra concreta, la Diputación ha reclamado a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco que establezca un sistema único y fiable que revele la edad de los supuestos menores.

Las dudas en torno a la metodología aplicada para decidir la edad de un extranjero, no sólo para gestionar su acogida sino incluso para saber si se le debe juzgar como adulto, se reavivaron tras la reciente y polémica detención del pirata del Alakrana Abdu Willy. La imagen del joven vestido con un mono blanco llenó las portadas de los diarios y las peleas entre instituciones por decidir si contaba con 16 años, como aseguraba la familia, o si sumaba más de 18 se zanjaron con una simple radiografía de la clavícula. Una prueba que sirvió para que los peritos determinaran que era mayor de edad.

La misma incertidumbre asalta a los responsables de la Diputación alavesa cuando han de hacerse cargo de un supuesto menor extranjero desamparado. Muchos de ellos rozan sospechosamente la frontera de los 18 y resulta extremadamente difícil confirmarlo. Por ello y ante las numerosas críticas sobre la fiabilidad de las radiografías, reclaman a la Fiscalía, institución que les remite a los chicos, que seleccione una metodología capaz de desterrar cualquier suspicacia. Normalmente se utiliza el denominado Atlas de Greulich y Pyle, un sistema con el que se compara la radiografía del joven con estándares resultantes de un muestreo de población.

criterio cambiante Según han denunciado en diferentes ocasiones asociaciones de apoyo a los inmigrantes como SOS Racismo, los criterios de la Fiscalía han “bailado” varias veces pese a las recomendaciones del Defensor del Pueblo de atenerse a la edad indicada en los pasaportes aportados por los propios menores, siempre y cuando tales documentos ofrecieran visos de verosimilitud. En diciembre de 2007, la Fiscalía de Menores decidió que si había un pasaporte que no presentara indicios de falsedad había que atenerse al documento. Sin embargo, en diciembre de 2008, SOS Racismo sostenía que se dieron nuevos casos en la CAV de chavales que volvían a ser aceptados en base a la prueba médica a pesar de tener documentación como mayores.

En el caso concreto de Álava, la fiscal de Menores, Carmen Cotelo, asegura que el sistema que se sigue en estos casos es el mismo desde hace tres años. “Si el joven aporta un pasaporte que le acredita como menor y este pasaporte supera las pruebas periciales de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, asumimos que es menor, sin duda alguna. Si carece de documentación, se recurre a la prueba médica, que siempre ofrece un margen de error, por lo que aplicamos el principio de favor minoris. Si el test dice que el joven tiene entre 17 y 19 años, consideramos que tiene 17”, puntualiza.

una nueva inmigración A juicio de la diputada de Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, todo este asunto gira en torno a lo que considera “una nueva forma de inmigración”. Los menores extranjeros no acompañados, que fundamentalmente llegan en patera hasta las Canarias, son posteriormente repartidos por diferentes centros de acogida del Estado y si permanecen 7 meses bajo la tutela de alguna institución oficial logran automáticamente los tan ansiados papeles. Esto ha abierto las puertas de la esperanza a muchas familias de África que ven en sus hijos adolescentes la punta de lanza para poder emigrar a países como España, que a diferencia de otros como Francia sí se hacen cargo de los chicos de más de 16 años.

Pero muchas familias interesadas en enviar a sus hijos a los países más desarrollados de Europa y que pagan a las mafias de las pateras importantes sumas de dinero por ello, se encuentran con un problema: cuando les llega el turno de partir, los jóvenes tienen más de 18 años, por lo que deciden deshacerse de los pasaportes y confiar en que la franja de la prueba médica les permita superar los trámites de acogida. “No son niños en situación de desprotección, sino jóvenes enviados por sus familias”, explica la diputada mientras precisa que las acciones que emprende la Diputación tienen como única meta frenar a las citadas tramas mafiosas.

El asunto se complica aún más si cabe cuando el lugar de procedencia de los jóvenes es, como sucede cada vez con más frecuencia en Álava, es Guinea Conakry. Además de tratarse de un país como unas fronteras administrativas un tanto indefinidas, su Gobierno es de corte tribal y anda habitualmente sumido en luchas internas, por lo que las autoridades españolas no mantienen un acuerdo de repatriación con este Estado. Una dificultad añadida si se establece que el joven en cuestión es mayor de edad y las instituciones alavesas no pueden hacerse cargo del mismo.