trapagaran. El polémico realojo de una familia de etnia gitana en La Arboleda, en la localidad vizcaína de Trapagaran, tardará varios días más en comenzar su andadura en los tribunales. El magistrado que está llevando el caso en el Juzgado de Instrucción de Barakaldo decidió ayer suspender la primera sesión de toma de declaraciones, prevista para hoy, y a la que estaban citados la teniente de alcalde de Trapagaran, Pilar Souto; el presidente de la asociación de vecinos de La Arboleda, Iñaki Zamarripa, y otro ciudadano del barrio minero (estos dos últimos en representación de un centenar de personas), todos ellos imputados por un presunto delito de acoso inmobiliario.

El juez había citado a los tres después de que el Fiscal presentara una denuncia por los controvertidos acontecimientos ocurridos durante la pasada primavera en el barrio minero en contra del realojo del matrimonio y sus cinco hijos en una vivienda del Gobierno vasco. El ministerio fiscal considera que los hechos acaecidos en el inmueble y su entorno – la puerta de entrada al piso apareció tapiada en varias ocasiones, hubo una sentada en el portal y se acusó al cabeza de familia de tener un largo historial delictivo – pueden ser constitutivos de un delito no sólo de mobbing, sino también de amenazas, injurias y coacciones. La concejala está acusada también de prevaricación por negarse a empadronar a la familia.

A la espera de una nueva fecha, el martes declararán en el mismo juzgado el matrimonio y la Ertzaintza a puerta cerrada. Estas diligencias previas determinarán si el magistrado observa indicios suficientes para poner en marcha un proceso judicial. Zamarripa manifestó ayer su extrañeza ante la decisión del juez de suspender la sesión de toma de declaraciones un día antes y declaró que le parece “una maniobra dudosa”.