La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, mostró hoy su “satisfacción tremenda” por la inminente aprobación de la nueva Ley de Extranjería, que permitirá que más de 500 inmigrantes que han cumplido recientemente los 18 años en las Islas puedan ser legales, dejando atrás el limbo jurídico en el que se encontraban. No sólo eso, sino que la problemática de las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan en patera a las Islas ya pasa a ser un tema de Estado.

Rojas se congratuló también de que el Gobierno de España haya “entrado en razón” tras los esfuerzos del Ejecutivo canario por que la situación de los menores inmigrantes no acompañados no fuese tratada “en solitario” por Canarias. No obstante, la dirigente regional lamentó que “se hayan tenido que producir tantas muertas innecesarias” para que el problema entrara en la agenda europea y, luego, en la española.

“El Estado asume que la cuestión de los niños extranjeros no acompañados es una lucha de Estado, aunque siempre nos dijeron que era una competencia de la Comunidad Autónoma”, se quejó Rojas, quien recordó que hicieron falta tragedias como la que sesgó la vida de muchos niños en una patera en Lanzarote para que la cuestión empezar a tener cabida en las agendas políticas.

“Ha muerto mucha gente innecesariamente”, lamentó, y reconoce que en este asunto se ha ido a golpe de tragedia y que, precisamente la de Lanzarote “logró tocar” a toda Europa para que se implicara y, tras ello, el Estado español. “Es triste que sólo nos movamos cuando se ven cosas tan fuertes como esta”, dijo Rojas, quien asegura que tras esa tragedia tuvo claro que había que evitar nuevas muertes y se tomó como empeño personal que así fuera.

Además, destacó que esas son las muertes “de las que nos enteramos”, ya que los propios niños acogidos por la Comunidad cuentan cómo durante el viaje tuvieron que dejar morir en el mar a otros niños, muchos de ellos familiares directos.

En estos momentos, los centros canarios acogen a unos 1.030 niños ya que más de 500 han cumplido los 18 años.

Aspectos fundamentales.

No obstante, hay que matizar que la nueva ley aún no está aprobada definitivamente y aún puede sufrir cambios, aunque según se desprende de las palabras de la consejera, no cambiará en lo que respecta a aspectos fundamentales de la misma.

Entre estos aspectos fundamentales hay que reseñar que más de 500 inmigrantes que acaban de cumplir los 18 años en Canarias, y por tanto, ya no están bajo la tutela del Gobierno regional, serán considerados legales por la nueva normativa. Esto implica que estos chicos puedan contar con todos los derechos que se le dan a un inmigrante legal, entre ellos, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

Otro de los aspectos fundamentales que resaltó Inés Rojas está contenido en el artículo 35 de la citada ley, que permite a las Comunidades Autónomas establecer convenios con los países de origen para que la formación que se les da en Canarias les permita regresar a sus países con un trabajo o, incluso, que sean los países de origen quienes los acojan bajo la tutela de Canarias.

También hay que resaltar que al asumir que es una cuestión de Estado, se pueden traspasar las tutelas y custodias, lo que va a permitira que cualquier entidad pueda asumir la tutela de estos niños. De hecho, afirma la consejera que muchas ONG europeas ya se han interesado por ello.

Por último, el Estado también asume la cofinanciación de la integración del niño en todo el territorio español, y no sólo de la Comunidad Autónoma donde fue recibido.

Años de lucha.

Rojas hizo un repaso histórico por todos los hitos que se han tenido que dar para llegar hasta esta ley, y que comienza con la llegada de pateras a Canarias en las que a bordo viajan menores. En un principio, la disputa por las competencias en la tutela de estos menores centraron los enfrentamientos entre el Gobierno regional y el central, ya que este último aseguraba que las competencias sobre menores eran exclusivas de la Comunidad Autónoma.

No obstante, Canarias entendía que al ser un fenómeno migratorio y la protección especial que se le da en la legislación a los menores, el apoyo de todo el Estado debía estar regulado y no continuar “pidiendo favores” para que contribuyesen a la tutela de estos niños.

Sobre los pasos dados, Rojas destacó la contribución del comisario europeo de inmigración, Jaques Barrot, cuya visita a Canarias se adelantó por la tragedia de Lanzarote, el convenio firmado con el Estado para el traslado de 500 menores que, gracias a esta ley ya no tendrá razón de ser, o los acuerdos que la Comunidad Autónoma tomó en solitario con ONG y otras regiones españoles para que atendieran a los niños ya que los centros de acogida se encontraban saturados.