Si los foráneos quieren cobrar el subsidio de desempleo, que aprendan las otras lenguas del Estado español. Esa es la intención de Convergencia y Unión (CIU), el grupo político más representativo de Cataluña.

CIU presentó una enmienda al proyecto de ley que el gobierno central aprobó en marzo pasado para fomentar el empleo y proteger a las personas que no tienen trabajo.

La iniciativa de CIU tiene la intención de promover la difusión del catalán en Cataluña entre los denominados nouvinguts (recién llegados), además de las otras lenguas que se hablan en las correspondientes comunidades españolas.

La realidad lingüística de España la domina el español, que comparte protagonismo con otras lenguas como el catalán (Cataluña), valenciano (Comunidad Valenciana), mallorquín (Islas Baleares), gallego (Galicia) y euskera (País Vasco).

Según la enmienda, promover el aprendizaje de las lenguas oficiales es una “capacidad instrumental fundamental para cualquier actividad”.

CIU considera que para los inmigrantes que han perdido su empleo, el desconocimiento del catalán en Cataluña, por ejemplo, “es un problema para garantizar el retorno al mercado de trabajo”.

Carlos Campuzano, portavoz de CIU, explicó al diario Expansión que la enmienda es “un mandato al gobierno para que priorice el conocimiento de las lenguas que se hablan en España…”. Y, refiriéndose al caso de Cataluña, dijo que los foráneos que no conocen el idioma de la comunidad van a tener más problemas para encontrar un empleo.

La pretensión de CIU no sienta bien entre los miembros de las organizaciones de inmigrantes. Alfredo Cedeño, presidente de la Federación Nacional de Entidades Ecuatorianas en Cataluña, dijo que no se puede imponer una lengua a los extranjeros, y menos de la manera como sugiere CIU.

“Para pagar los impuestos no nos exigen que hablemos catalán, pero quieren que lo hagamos para darnos el subsidio de desempleo. Y hay que aclarar que el paro (subsidio de desempleo)  es un derecho que se han ganado los trabajadores que han cotizado en la seguridad social, es decir, no nos están regalando nada”, puntualizó el dirigente.

“Respetamos profundamente la cultura catalana y entendemos perfectamente el idioma, aunque no lo podamos hablar”, señaló Cedeño, y enfatizó que los ecuatorianos que saben catalán son los niños y jóvenes que se han educado en escuelas y colegio de la comunidad.

En Cataluña residen 88.967 ecuatorianos, de los cuales solo un 2,9% habla catalán, según un estudio realizado hace más de un año por la el gobierno autonómico.

La realidad también es complicada en las Islas Baleares, donde el Ministerio de Trabajo e Inmigración tiene registrados a 15.328 ecuatorianos.

 Darío Astacuzi, presidente de la Federación de Residentes Ecuatorianos en las Islas Baleares, comentó que es muy difícil que muchos ecuatorianos aprendan a hablar el mallorquín (que como el valenciano, es una derivación del catalán), porque carecen de tiempo para estudiarlo.

“Además, mucha de los compatriotas que viven en la isla son de extracción muy humilde, y en algunos casos ni siquiera han terminado los estudios secundarios”.

Astacuzi dijo que si se aprobase la enmienda de CIU, la situación se complicaría aún más para los ecuatorianos. “Puede asegurarles que de los ecuatorianos que residen en esta zona, una gran mayoría no tiene trabajo. Incluso a algunos ya se les agotó el paro”.

Afectados
Si el Congreso aprueba la propuesta del grupo político CIU, de que los inmigrantes aprendan otras lenguas españolas para que cobren el subsidio por desempleo, la medida también afectaría a  51.221 ecuatorianos radicados en la Comunidad Valenciana, 7.826 en el País Vasco y a los 1.626 que residen en Galicia.