Lo que han hecho los servicios de menores de la Xunta, que luego ratificó el juez, es, por encima de cualquier consideración jurídica, una desmesura, una falta de humanidad y una cortina de humo sobre los fallos encadenados del sistema. Y, lejos de darnos tranquilidad y sosiego en relación con las intervenciones protectoras del Estado, debería ponernos sobre aviso de hasta qué punto nuestra dignidad personal y familiar puede estar en manos de funcionarios irresponsables e ignorantes.

Al actuar como actuaron, tanto la Xunta como el juez, dan a entender que la patria potestad y la tutela sobre los hijos son algo así como el carné de conducir, que se puede retirar cuando, en vez de circular a 50 km/h, lo hacemos a 80. Y eso, que puede ser legal – y más en este tiempo preñado de formalismos, en el que la virtud y la justicia se confunden con la ley – , es un grave atentado contra los derechos humanos, con independencia de que los probos jueces lo digan así, o lo cuenten – como tantas veces – exactamente al revés.

No quiero ocultarles que, a pesar de hablar con tanta vehemencia, no ignoro que esta batalla la tengo perdida. Porque lejos de estar ante un hecho aislado, o ante una práctica rechazada por la sociedad, estamos ante las consecuencias más dañinas de una cultura en el que la justicia solo se hace con penas y tutelas gravosas, la autoridad se confunde con la teatralización del poder y de la fuerza, la eficiencia significa «tirar palante y mañana ya veremos», y la familia se considera un espacio de riesgo e irresponsabilidad – con más ocasiones para ofender que para amar – que solo el Estado puede corregir con mecanismos penales cada vez más inseguros, más elementales y más atrabiliarios.

Para que un niño de nueve años llegue a pesar setenta kilos, tienen que haberse producido graves deficiencias en la escuela, en los servicios de salud, en los sistemas asistenciales de los ayuntamientos y hasta en los modelos publicitarios. Y para concluir que los padres son los únicos responsables de ese proceso, y de que no hay más solución que quitarles el niño manu militari, hay que tener una Administración suficientemente soberbia como para suponer que lo que ellos no supieron hacer, tenían que haberlo hecho los padres.

Líbreme Dios de decir – ¡faltaría más! – que la obesidad mórbida no debe ser atendida. Lo que digo es que la Xunta y la Justicia no pueden entrar en estos temas como elefantes en cacharrería; que tiene que haber mil maneras de solucionar este asunto sin recurrir a tan injusta desmesura, y que es una cobardía resumir todos los fallos del sistema en un matrimonio pobre y gitano. Porque, digan lo que digan, el olor a discriminación resulta insoportable.