El secretario de Inmigración, Oriol Amorós, explicó ayer que la Generalitat acreditará la integración de los inmigrantes residentes en Cataluña para que éstos puedan acceder a la nacionalidad, según recoge el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que aprobó ayer el pleno del Congreso.

La reforma de la Ley de Extranjería aún no se ha aprobado definitivamente, pero el secretario se mostró convencido de que este aspecto no se modificará y de que la norma se aprobará hacia finales de año. Tener reconocida la integración es uno de los aspectos necesarios para conseguir el arraigo, la nacionalidad y la renovación de los permisos de residencia de corta estancia a larga duración.

Amorós reconoció que es muy difícil determinar en un papel si una persona está integrada o no y puntualizó que lo que sí que puede hacer la Generalitat es decir si el inmigrante ha hecho un esfuerzo «para participar en la sociedad» de acogida. Dicho esfuerzo viene determinado por el conocimiento del entorno, tener trabajo, «participar económicamente» y conocer el catalán, ya que aseguró que «lo mínimo es poder comunicarse».

La competencia de otorgar o no la nacionalidad es del Estado, pero con esta modificación la Generalitat podrá participar en los trámites determinando si un inmigrante ha realizado o no un esfuerzo para integrarse.

Entran en vigor las multas a barras libres y ‘happy hour’Desde la pasada madrugada, la Generalitat ya tiene capacidad para multar a los bares y discotecas que fomenten el consumo de alcohol con reclamos como las barras libres, los «happy hour» o los «dos por uno», mediante sanciones que oscilarán entre los 3.000 y los 600.000 euros.

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó ayer la Ley de Salud Pública de Cataluña, aprobada por el Parlament el pasado 14 de octubre y que entra en vigor hoy, por lo que la promoción del consumo de alcohol en bares y discotecas está prohibida desde la pasada madrugada.

Las sanciones previstas por la nueva ley para los locales que promocionen barras libres, «happy hour» o «dos por uno», oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros, aunque las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros e implicar el cierre del establecimiento en casos de reincidencia o especial gravedad.