El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería refrendado ayer por el Congreso con la oposición del PP y los reparos de algunas ONG y asociaciones defensoras de derechos humanos, supone la cuarta modificación en los últimos ocho años; lo que refleja tanto las dificultades para adecuar la legislación a un fenómeno creciente, pero también la renuncia a afrontar este asunto con espíritu de consenso. El equilibrio entre los derechos de los inmigrantes y la exigencia social de ordenar su entrada y estancia resulta complejo de alcanzar sin establecer reglas claras que impidan abusos que pueden desembocar en situaciones de convivencia social potencialmente conflictivas.