madrid. El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del Partido Popular, IU – ERC – ICV, UPyD y Nafarroa Bai, la reforma de la ley de extranjería, que permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los 40 días actuales a 60. Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004. Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC – IU – ICV, el Congreso aceptó casi 300. La nueva norma recibió 146 votos de rechazo del PP, IU – ERC – ICV, NaBai y Unión, Progreso y Democracia – este último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante – , mientras que el BNG se abstuvo, y el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE respaldaron la norma, que obtuvo 185 votos favorables.

Con la nueva ley las comunidades autónomas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes. También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar “concedidas en su territorio”.

Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la “atención e integración social de los menores”.

En cuanto a los menores no acompañados, el nuevo texto afirma que el Estado y las Comunidades Autónomas “podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria” de los mismos.

La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre “valores constitucionales y estatutarios”, derechos humanos “tolerancia e igualdad” y conocimiento de las lenguas oficiales.

Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, aseguró que esta reforma no servirá para frenar las “avalanchas” de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el “coladero” de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias. El portavoz de IU – ICV, Joan Herrera, acusó al Gobierno socialista de optar por un “discurso duro” y entre los principales puntos de rechazo mencionó la ampliación del periodo de internamiento de los extranjeros. A su vez, el diputado del PNV Emilio Olabarria señaló que el Congreso ha logrado “la transmutación de la ley”, ya que, entre otras cuestiones, se ha dotado de mayores garantías jurídicas al internamiento, se posibilita la autorización de residencia a las víctimas de maltrato o trata, y se dulcifican las sanciones.