El Congreso aprobó también ayer la polémica reforma de la Ley de Extranjería, que aumenta de 40 a un máximo de 60 los días que un inmigrante ilegal puede estar detenido mientras se tramita su expulsión del país, algo que los detractores de la ley consideran inadmisible. La reforma salió adelante con los votos del PSOE, apoyado por los diputados del PNV, Coalición Canaria y CiU y con la oposición del PP, IU – ERC – ICV y UPyD. A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 días actuales. Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional (AI) como por organizaciones de inmigrantes. Éstas habían solicitado el cierre de los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIR) existentes en el país, además de reclamar la regularización de los inmigrantes sin papeles, independientemente de si tienen un contrato de trabajo o no. Las comunidades autónomas, como las ONGs, podrán asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados, y además formalizar convenios en temas migratorios con otros países.