El PP asegura que  España seguirá siendo   el «coladero», en la  Unión Europea, de la inmigración irregular.

La Ley de Extranjería sufrió ayer un nuevo lavado de cara en el Congreso. Ni hubo consenso ni consiguió el respaldo de las asociaciones de inmigrantes. Ayer salió aprobada del Parlamento con los votos en contra del PP, de la izquierda parlamentaria y de UPyD la reforma de la norma que limita la reagrupación familiar, amplía el plazo de estancia de los inmigrantes en centros de internamiento hasta 60 días, permite a las ONG la tutela de menores inmigrantes y «compensa» con papeles a los inmigrantes que denuncien explotación laboral. Son los cambios más destacados.
El cambio legal, que ahora pasará al Senado, fue duramente criticado por los populares, que tacharon los cambios introducidos de mera «reforma cosmética». Su portavoz, Rafael Hernando, se quejó de que «España seguirá siendo el coladero de Europa» y «no servirá para frenar avalanchas, ya que no prohíbe expresamente las regularizaciones masivas». Más aún, «contempla muchos derechos y pocas obligaciones para los inmigrantes» y criticó que las ONG puedan asumir la tutela de los menores porque «es un camino inadecuado para quitárselos de encima».
Precisamente éste fue uno de los puntos que permitió el respaldo de Coalición Canaria a la ley, además del hecho de que el Gobierno de Canarias pueda llegar a acuerdos para proyectos de formación y desarrollo en los países de origen de los menores extranjeros, un aspecto que el PP considera inconstitucional por entender que es una competencia exclusiva del Gobierno central. CiU dio su apoyo a la norma, no sólo porque fueron introducidas un buen número de enmiendas presentadas por su grupo, sino porque el proyecto de ley blinda las competencias en inmigración para Cataluña. Es decir, «aumenta nuestro nivel de autogobierno y la participación de las comunidades autónomas en la concesión de la residencia», dijo su portavoz, Carles Campuzano.
Y es que el proyecto de ley prevé que las autonomías y ayuntamientos puedan promover cursos formativos que faciliten la integración de los inmigrantes que se valorarán positivamente a la hora de renovar un permiso de residencia. El texto aprobado también amplía a 60 días el tiempo de internamiento de los extranjeros y como novedad incorpora que el cómputo se suspenderá para los solicitantes de asilo o los que piden pasar a disposición inmediata del juez.
En los centros de internamiento también habrá un juez de garantías que velará por los derechos de los extranjeros y se facilitará la entrada a las ONG.

«Carrera de obstáculos» con puntos «inconstitucionales»
«Una de cal y una de arena». Es lo que piensan de la reforma de la Ley de Extranjería la mayoría de las asociaciones de inmigrantes y es, también, la frase con la que la definió ayer el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans. A su juicio, la norma conserva algún precepto «inconstitucional», como es el hecho de que «a los extranjeros se les exijan requisitos procesales que no se exigen a los españoles ante los juzgados». Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y la Red Acoge expresaron su preocupación por la reforma porque, a su juicio, restringe derechos fundamentales de los inmigrantes. No obstante, reconocen que, gracias a su trabajo con los grupos parlamentarios, «la reforma  incluye alguna mejora relevante, como la posibilidad de que las ONG puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento». Como «carrera de obstáculos» definió la nueva ley Amnistía Internacional, ya que dificulta el acceso a los permisos de residencia y trabajo. Para la Asociación de Inmigrantes Marroquíes, Atime, la reforma es «preocupante», sobre todo por las limitaciones a la reagrupación familiar.