EL Congreso de los Diputados aprobó ayer una nueva reforma de la Ley de Extranjería, que representa una nueva ocasión perdida para regular con pragmatismo y seriedad todos los problemas que conlleva la inmigración ilegal. Por lo pronto, el Gobierno no ha hecho posible el consenso con el Partido Popular en un asunto que es realmente de Estado y ha preferido nuevamente pactar con minorías que han utilizado esta reforma para dar satisfacción a demandas de interés parcial, en algunos casos legítimas y en otros, impertinentes. La última ocasión en que PSOE y PP se pusieron de acuerdo fue con la aprobación de la reforma en 2003, con Aznar en La Moncloa. Desde entonces, el Gobierno socialista ha tratado la extranjería y la inmigración ilegal como instrumentos de prejuicios ideológicos y de oportunismo económico, como la regularización masiva de 2005, que permitió a los socialistas aumentar en poco tiempo la población activa ocupada, reduciendo la tasa de paro, pero a costa de generar una bolsa de mano de obra sin cualificar, concentrada en la construcción y totalmente indefensa ante la crisis. El resultado salta a la vista en las estadísticas de desempleo y de gasto social. Pese a la evidencia de la lección, el Gobierno no ha excluido las regularizaciones masivas en el proyecto de ley.

La nueva reforma aprobada por el Congreso – que ahora pasa al Senado – tampoco es coherente con el proceso de convergencia europea en materia de inmigración, plasmado en la importante Directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada en junio de 2008. La desastrosa política inmigratoria del Gobierno socialista en su primera legislatura hizo saltar las alarmas en Europa, pero el PSOE tampoco se ha dado especialmente por aludido. La reforma endurece las condiciones de la reagrupación familiar, pero permite la reagrupación en cadena, reincidiendo en el error de tratar la inmigración laboral como una inmigración familiar y despreciando la limitación de recursos públicos disponibles para absorber las demandas de servicios que conlleva el establecimiento acelerado de inmigrantes en nuestro país. También se ha ampliado el plazo de internamiento de los inmigrantes sin papeles a 60 días – ahora es de 40 – , pero el acuerdo con el PNV ha hecho que la petición de asilo no paralice el cómputo del internamiento, lo que supone en la práctica inutilizar esta ampliación, ya superada de antemano por la constante judicialización de las órdenes de expulsión. Esta novedad sólo servirá para tener a los inmigrantes 20 días más fuera de la circulación.

Y mientras Europa pide criterios comunes, el PSOE cede ante el nacionalismo catalán y entrega a las Comunidades Autónomas la concesión de permisos de primera instancia y de trabajo, fragmentando una potestad administrativa que sólo debe estar en manos del Gobierno central. Poco sentido tiene que Bruselas reclame políticas comunes si el Gobierno español dispersa las suyas. No son admisibles las políticas de tinte xenófobo que se han implantado en otros países europeos, ni las que niegan derechos básicos al inmigrante ilegal. Pero es evidente que, partiendo de esas premisas, hacía falta una nueva norma que recogiera la experiencia de los fracasos en estos últimos años. En definitiva, la nueva ley es una oportunidad perdida para crear un consenso de Estado a largo plazo, para regular la inmigración con rigor y, sobre todo, para lanzar el mensaje de que la ilegalidad no es rentable en España.