El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería refrendado ayer por el Congreso con la oposición del PP y los reparos de asociaciones defensoras de derechos humanos es la cuarta modificación en ocho años. El equilibrio entre los derechos de los inmigrantes y la exigencia social de ordenar su entrada y estancia resulta complejo sin establecer restricciones y reglas que impidan abusos que puedan derivar en conflictos de convivencia. Pero los límites no deberían fundarse en su consideración como potenciales delincuentes, ni forzar los márgenes de un Estado, como el español, garantista de derechos y libertades.