El Gobierno ha admitido casi 300 enmiendas, de las más de 700 presentadas por los grupos de oposición, para sacar adelante su polémica reforma de la Ley de Extranjería. De esa manera, ha logrado el apoyo parlamentario de los nacionalistas de CiU, CC y PNV. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se felicitó por el “amplio consenso” y anunció que el Reglamento que desarrolle la norma será redactado antes de un año.

Ésta es la reforma de la ampliación del periodo de internamiento de los sin papeles y de la limitación de la reagrupación familiar de los mayores, pero también es la reforma que reconoce a las parejas de hecho y que protege a las víctimas de la violencia de género o de la trata de mujeres. En suma, se trata de un texto que provoca reacciones contradictorias.

A cambio de su apoyo, los nacionalistas catalanes han logrado ampliar las competencias de las comunidades autónomas, especialmente las de la Generalitat de Cataluña. Los canarios han obtenido la posibilidad de traspasar la tutela de los menores no acompañados, que saturan sus centros de acogida, a otras comunidades e, incluso, a ONG especializadas en la protección de muchachos. Y los vascos, que en su momento presentaron una enmienda a la totalidad del texto y lo calificaron de “berlusconiano”, han conseguido que el tiempo de tramitación de las peticiones de asilo o de hábeas corpus que puedan hacer los inmigrantes internados no se sume a los hasta 60 días de retención que prevé la ley para ellos.

El PP se quedó al margen de ese consenso. De las 60 enmiendas que presentó, los socialistas sólo admitieron una, poco más que una corrección técnica. Su portavoz, Rafael Hernando, lamentó que el Gobierno “haya perdido una oportunidad para variar su política”, calificó el nuevo texto de “mera reforma cosmética” y anunció que su partido lo cambiará cuando llegue al Gobierno.

Desde fuera del hemiciclo, ONG solventes como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y la Red Acoge reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado respecto a su redacción inicial, pero alertan de que incluye importantes restricciones de derechos fundamentales de los inmigrantes. Asociaciones de extranjeros como la marroquí ATIME, la latinoamericana AESCO o la ecuatoriana Rumiñahui se resisten a calificar la reforma porque opinan que contiene tantos aspectos positivos como negativos.

El texto aprobado ayer en el Congreso será discutido ahora en el Senado, desde donde volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Ésta es la cuarta reforma de la ley en ocho años. Las tres anteriores corrieron a cargo de Gobiernos del PP.