Las denuncias de contrataciones y explotación de extranjeros en la campaña citrícola de la comarca del Valle Medio del Guadalquivir, especialmente en Palma del Río (Córdoba), han obligado a la Consejería de Empleo a reforzar las inspecciones para controlar posibles abusos laborales en la campaña de la naranja, que ya está en marcha. Trabajadores de la zona y alcaldes como el de Palma del Río afirman que hay empresarios que prefieren contratar peones inmigrantes con papeles – muchos son ciudadanos de la UE, como búlgaros o rumanos – a los que pagarían por debajo del convenio y obligan a trabajar más horas.

Por ello, dejarían de contratar una mano de obra local que ha aumentado la demanda de empleo agrario, debido al paro en otros sectores, y que exige el cumplimiento del acuerdo laboral.

La patronal agraria Asaja ha negado cualquier abuso, pero los jornaleros de Palma de Río (21.844 habitantes), hartos de esta situación, están desde el lunes en huelga, liderados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). A pesar de que el paro fue calificado de ilegal y xenófobo por los empresarios y la UGT, los piquetes informativos de los jornaleros lograron paralizar el campo de Palma del Río y cerrar sus almacenes. El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, dijo ayer que “se desmarca de cualquier planteamiento que genere tensiones entre trabajadores autóctonos e inmigrantes” y confió en “alcanzar un acuerdo con los empresarios en las próximas horas”.

El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), pidió el lunes a la Junta que redoblara los esfuerzos para prevenir cualquier irregularidad con los trabajadores extranjeros. La administración autonómica, por su parte, se comprometió a multiplicar las inspecciones en los cultivos y en los almacenes.

Sin embargo, a pesar de que tanto los alcaldes como los peones locales afirman que la explotación ilegal de trabajadores extranjeros con papeles está a la orden del día, no existen denuncias ante la Inspección de Trabajo. Y cuando los funcionarios de Empleo realizan inspecciones en los tajos, nadie dice ser víctima de explotación. Para solucionar el problema, los sindicatos UGT, CC OO y SAT han emitido comunicados distintos apuntando soluciones similares. El SAT, finalmente, no ha pedido la creación de cuadrillas mixtas de braceros nacionales y extranjeros, pero sí la creación de comisiones de seguimiento del convenio. Una apuesta coincidente de los tres sindicatos es que se prime la contratación de mano de obra local. Para ello, piden que los agricultores gestionen sus contratos a través de las oficinas comarcales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que sean los peones inscritos en sus listas los que tengan prioridad.

Fuentes de la Consejería de Empleo señalan que la Junta no tendría reparo en servir de canal con los empresarios, pero también recuerdan que no se puede obligar a nadie a dejar de contratar trabajadores legales fuera del ámbito del SAE.

De la misma opinión es Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja – Córdoba: “No se puede cambiar la normativa vigente. La opción de contratar pertenece únicamente al empresario”, subraya. Asaja – Córdoba defiende que debe priorizarse la contratación de trabajadores de la provincia. Y Fernández de Mesa añade: “Puede que lo más solidario sea contratar ahora a trabajadores nacionales, pero los europeos de la UE tienen todo el derecho”, recuerda. Aun así, portavoces como Rafael Estévez, de CC OO, piden a los empresarios mayor sensibilidad con los trabajadores locales en este año de crisis.