El centro de menores de Deba va a dejar de tener carácter excepcional. El hasta ahora lugar de acogida de los chavales más conflictivos estrenará a finales del próximo mes un nuevo régimen que lo asimilará al resto de los centros de menores del territorio. La Diputación, responsable legal de los chavales, da así un nuevo giro a su política de atención a menores, que se ha convertido en una de las patatas calientes de la legislatura.

Quejas de asociaciones humanitarias, denuncias de los menores ante los tribunales, indignación de los vecinos de las localidades más cercanas… El centro Oilur de Deba ha pasado a ser el principal quebradero de cabeza de la Diputación de Gipuzkoa después de que decidiese hace ocho meses concentrar allí a los menores extranjeros más conflictivos. La apuesta parecía sobre el papel una buena baza: los chavales con más dificultades de integración dejaban de ejercer una influencia negativa sobre los demás menores a la vez que su agrupamiento permitía hacer un seguimiento más estrecho de su evolución.
Fugas y denuncias
Pero las cosas empezaron a torcerse bien pronto. Los 17 menores que fueron llevados a Deba en febrero protagonizaban frecuentes fugas la legislación impide que sean recluidos que desembocaban invariablemente en robos o fechorías en los pueblos próximos. A la par que crecía la alarma social, las diferencias entre los educadores y los chavales aumentaron hasta el punto de que algunos menores llegaron a formular denuncias por malos tratos en los tribunales. El cuadro se completó con un demoledor informe del Ararteko contra el modelo de gestión del centro puesto en marcha por la Diputación. El trabajo, resultado de las investigaciones y las visitas cursadas a Oilur a raíz de una denuncia realizada por SOS-Racismo, decía entre otras cosas que las condiciones del centro «no han respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad, particularmente el derecho a la educación y el derecho a ser oídos». El rapapolvo a la institución foral era particularmente severo en la medida en que aseguraba que en Oilur no se habían previsto actividades formativas, ni educativas, ni terapéuticas, ni de tiempo libre para los chavales allí acogidos.
Al dictamen del Ararteko, que ha proporcionado munición para unos cuantos meses a los grupos de la oposición foral, se ha venido a sumar una indicación de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa que exige mejoras en el tratamiento educativo de los menores de Deba y también la introducción de algunas reformas en el edificio. El llamamiento de la Fiscalía resulta especialmente significativo en la medida en que proviene de una institución que desempeña un papel fundamental en la tutela de los menores.
La acumulación de evidencias ha llevado a la institución foral a replantearse su política de concentrar en una sola instalación a los menores más conflictivos. El alcalde de Deba, Jesús Mari Agirrezabalaga, confirmó ayer a este periódico que el centro ubicado en su municipio va a dejar de tener carácter excepcional. «Se puede decir que después de noviembre el centro de Deba entra en una nueva etapa de funcionamiento», dijo el mandatario municipal, que indicó que la decisión fue adoptada en un grupo de trabajo en el que participan autoridades forales y de los municipios concernidos.
Cambios progresivos
Fuentes de la institución foral confirmaron a su vez la voluntad de poner fin a la política de concentración de menores conflictivos. «No es que se plantee un cambio de la noche a la mañana; las cosas se van a hacer de forma progresiva porque es cierto que el modelo no ha funcionado como inicialmente se pensó que iba a funcionar y hay que introducir ciertos cambios».
La controversia sobre el centro de menores de Deba se ha convertido en uno de los flancos más vulnerables del Gobierno foral que dirige Markel Olano. Prueba de ello son las constantes solicitudes de comparecencia que ha tenido que atender en los últimos meses la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, a raíz de la alarma social generada. La responsable de Menores deberá responder también hoy en las Juntas Generales a una batería de preguntas relacionadas con el centro de Deba. Todos los grupos políticos le piden explicaciones sobre el informe del Ararteko y sobre los incidentes ocasionados por los menores allí acogidos. Etxaniz, que pidió comparecer en la Cámara provincial después de tener noticia del dictamen de la institución que dirige Lamarca, dará también a conocer hoy si su departamento acepta la solicitud de la Comisión de Política Social de realizar una visita al centro.