La maquinaria que concertaba los matrimonios «blancos» estaba perfectamente engrasada. Contaban con un sacerdote, una falsa abogada, una supuesta gestoría, una funcionaria judicial, testigos de boda y, lo que es más importante, una importante cartera de clientes vinculados al narcotráfico con posibilidad real de rascarse el bolsillo para regular cuanto antes su situación en España.

Tras dos años de investigación, la Policía desarticuló ayer en Madrid una red internacional dedicada a facilitar matrimonios de conveniencia que pudo gestionar más de un centenar de enlaces y por los que ingresó del orden de 1,2 millones de euros. En la operación, que sigue abierta, han sido detenidas 34 personas, todas de nacionalidad colombiana y española.
El entramado tenía su base de operaciones en una gestoría ubicada en el barrio madrileño de Carabanchel, donde una falsa abogada, de nombre Claudia, se encargaba de realizar estos casamientos previo pago de entre 10.000 y 12.000 euros. Esta mujer había tejido una red de contactos que contaba con un sacerdote colombiano y funcionarios corruptos, los cuales facilitaban los registros civiles y juzgados de paz para concretar las bodas.
Por las manos de Claudia pudieron pasar al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el juzgado de paz de Torrelodones, en Madrid, y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas. La falsa abogada se encargaba de tramitar las bodas y de buscar la pareja. Para conseguir al novio o novia españoles, Claudia se ponía en contacto con una mujer de etnia gitana conocida como Lola, que ofrecía a personas de ambientes marginales, normalmente gitanos que vivían en poblados, cobrar 3.000 euros por casarse, con la garantía de que se divorciarían una vez que «su pareja» consiguiese los papeles.
Este «negocio» comenzó a peligrar cuando la Policía Municipal de Madrid, en el transcurso de una de sus investigaciones, descubrió que había ciudadanos colombianos que supuestamente vivían en determinados lugares de Madrid pero que, al comprobar este dato, no era así, por lo que se puso en contacto con la Policía Nacional.
No les pagaron
Por su parte, la Policía inició una investigación en marzo del año pasado al constatar que se había registrado un alto número de personas colombianas que habían conseguido rápidamente la tarjeta de residencia, y el nexo entre ellos era Claudia.
Además, dos personas denunciaron que no habían recibido el dinero que les habían prometido por participar en un matrimonio de conveniencia, y el Registro Civil de Madrid expresó sus dudas sobre unos certificados eclesiásticos expedidos en doce parroquias, cuyos responsables certificaron finalmente que los mismos eran falsos porque en sus iglesias no habían tenido lugar esas bodas.
Sólo hubo una excepción: la del párroco de la iglesia de San Cristóbal de Madrid, que constató que en esta iglesia se había celebrado un matrimonio que él no había oficiado, pero en el certificado aparecía su nombre, por lo que concluyó que su segundo había utilizado su firma para llevar a cabo esa boda. Este segundo párroco, de origen colombiano y con antecedentes por un delito contra la salud pública, fue detenido acusado de falsificación, pero no se ha podido demostrar que estuviese al tanto de que celebró una boda por conveniencia, según la Policía.
Este no es el único de los detenidos que cuenta con antecedentes, ya que el 50% de las personas que se casaron a través de esta red tienen antecedentes policiales o judiciales, la mayoría por robo, robo con fuerza o intimidación, tráfico de drogas o estafa. Los responsables policiales detallaron que algunos de los colombianos que habían obtenido el permiso de residencia casándose por conveniencia estaban relacionados con el narcotráfico.