La detención de 34 personas acusadas de concertar más de cien matrimonios de conveniencia en España entre ciudadanos de origen colombiano y españoles actualiza una vieja práctica de la picaresca muy rentable. Pero las dificultades con que han topado las Fuerzas de Seguridad para desmantelar esta trama y la perfección organizativa lograda invita a sospechar sobre la eventual complicidad de algún funcionario. Desenmascarar estas conexiones que habían logrado engrasar una compleja maquinaria en la que interactuaban falsificaciones, testigos engañosos e iglesias resulta esencial no sólo para acabar con comportamientos del todo irregulares. También para asegurar que no pueden existir atajos en los procesos de integración de los inmigrantes en el seno de un Estado.