«Claudia» exigía hasta 13.000 euros por cada casamiento. Pagaba 3.000 euros al cónyuge falso y 200 a cada testigo.  

Más de cien casamientos falseados para regularizar a inmigrantes ilegales, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico colombiano. La Policía Nacional ha acabado con la organización que los llevaba a cabo en Madrid. En la trama están implicadas «al menos» 34 personas (las que ya han sido detenidas), entre las que figuran un sacerdote de nacionalidad colombiana y varios funcionarios.  Dirigía «Claudia», una mujer con antecedentes que podría haber sacado más de un millón de euros con el monumental chanchullo.

Partidas falsificadas

El funcionamiento era sencillo, como deben ser los negocios redondos. El que quería regularizarse pagaba entre 10.000 y 12.000 euros a «Claudia». Quienes eran usados como hombres de paja (los testigos en falso y el que accedía a casarse por dinero) cobraban respectivamente 200 y 3.000 euros. Eso si llegaban a ver el dinero. El fraude se llevaba en la mayor parte de las ocasiones en los Juzgados de Paz de Torrelodones. Pero en algunos casos la estafada fue también la iglesia. Al menos 22 de estos matrimonios –que la Policía califica de «blancos»–  constaban como realizados en doce parroquias distintas de la capital y alrededores. Sin embargo, finalmente se comprobó que lo que la banda hacía era simplemente conseguir el sello de la parroquia y la firma del párroco  (por el expediente de algún matrimonio «real») y luego falsificarlos. Los matrimonios constaban pues como realizados en las iglesias, pero eso jamás había sucedido y en los archivos de la parroquia no estaban, lógicamente, los documentos acreditativos que deben figurar. «Claudia» había creado un entramado que iba desde lo marginal hasta lo burocrático. Una gitana llamada Lola le ofrecía a personas que vivían en poblados y aceptaban los 3.000 euros por casarse y divorciarse en cuanto su pareja consiguiese los papeles. En la posterior gestión de los matrimonios «trucados» colaboraban algunos funcionarios, y la «celestina»  acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.