El cura imputado es el párroco de San Cristóbal, de origen colombiano y tiene antecedentes.

A Escarlata O’Hara no le importaba casarse por dinero. Tenía una buena razón: no quería volver a pasar hambre jamás. Los colombianos relacionados con el narcotráfico que eran «legalizados» por la organización mafiosa  recién desarticulada por la Policía de Madrid tenían, a buen seguro, algún motivo distinto y no tan digno para fingir un matrimonio. En todo caso, el nombre de la operación que acabó con la red, terminó siendo «Escarlata», en honor al inmortal papel interpretado por Vivian Leigh.
El trabajo policial ha destapado más de 100 casamientos falseados para regularizar a inmigrantes ilegales, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico colombiano, y las operaciones siguen en marcha, ya que se considera lo descubierto como «la punta del iceberg». Una punta en la que estaban implicadas 34 personas (las que ya han sido detenidas), entre las que figuran un sacerdote de nacionalidad colombiana –con antecedentes por delitos contra la salud pública y cuyo grado de implicación aún no es claro– y varios funcionarios públicos. 

Un método sencillo
Dirigía «Claudia», una mujer con antecedentes que fingía ser abogada y podría haber sacado más de un millón de euros con el monumental chanchullo, según las estimaciones de la Policía. El funcionamiento era sencillo, como deben ser los negocios redondos. El que quería regularizarse pagaba entre 10.000 y 12.000 euros a Claudia. Los que eran usados como hombres de paja (los testigos en falso y el que accedía a casarse por dinero) cobraban respectivamente 200 y 3.000 euros. Si llegaban a ver el dinero.
El fraude se llevaba en la mayor parte de las ocasiones en los Juzgados de Paz de Torrelodones. Pero en algunos casos la «estafada» fue también la Iglesia. Al menos 22 de estos matrimonios –que la Policía califica de «blancos»–  constaban como realizados en doce parroquias distintas de la capital y alrededores. Sin embargo, finalmente se comprobó que lo que la banda hacía era simplemente conseguir el sello de la parroquia y la firma del párroco (escaneando el expediente de algún matrimonio «real») y luego falsificarlo.
Los matrimonios constaban pues como realizados en las iglesias, pero eso jamás había sucedido y en los archivos de la parroquia no estaban, lógicamente, los documentos acreditativos que deben figurar. Claudia había creado un entramado que iba desde lo marginal hasta lo burocrático. Una gitana llamada Lola les ofrecía a personas que vivían en poblados y aceptaban los 3.000 euros por casarse y divorciarse en cuanto su pareja consiguiese los papeles. En la posterior gestión de los matrimonios «trucados» colaboraban algunos funcionarios, y la «celestina»  acudía siempre a los mismos registros civiles y juzgados de Paz de la Comunidad y zonas limítrofes. Una gestoría de Valdemoro estaba implicada también.
«Nosotros sólo podemos decir que hay más de noventa matrimonios en los que ella ha participado. Hemos intervenido mucha documentación y hemos sacado una lista extensa de nombres con los que tenemos que seguir trabajando en la segunda fase de la operación», comento ayer el jefe del Grupo Primero de la Brigada Central de Redes de Inmigración, Pedro Bernardo.