De poco sirve el derecho internacional humanitario a un solicitante de asilo si al final la suerte de su ruego depende del país donde logra presentarla, advirtió ayer la Comisión Europea.

Un iraquí, por ejemplo, tiene grandes posibilidades de ser aceptado como refugiado en Alemania, y prácticamente ninguna en Grecia. Es la lotería del asilo, una situación a la que se pretende poner fin armonizando las normas de acogida de refugiados.

El objetivo es aparentemente tan sencillo como que “los demandantes de asilo tengan las mismas posibilidades de ver su solicitud aceptada o rechazada sea cual sea el país donde la presente”, reclamó ayer el comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot. A la vista de la situación actual, algo quimérico.

Según la Comisión Europea, la distinta aplicación de la normativa ha llevado a que los potenciales refugiados se dirijan preferentemente a un limitado número de países de la UE (Francia, Alemania, Suecia), considerados más generosos. Cifras de Eurostat del 2008 ilustran las enormes disparidades en cuanto a las posibilidades de éxito de cada demanda: en Alemania, Reino Unido y Austria se aceptan más del 15%, mientras que en España, Polonia o Grecia este porcentaje es inferior al 5%.

Las cifras globales tampoco dejan en muy buen lugar a Europa. El año pasado, según la agencia de la ONU para los refugiados, Europa aceptó 4.378 frente a los más de 60.000 a los que EE. UU. respondió positivamente. En los primeros seis meses de este año, el número de demandas de asilo en la UE ha sido de 185.000, un 10% más que el año pasado, informó ayer la ONU; Iraq, Afganistán y Somalia son los países que más potenciales refugiados tienen.

Bruselas quiere reequilibrar el reparto de la carga del asilo dentro de Europa asegurándose de que los requisitos para ser considerado refugiado son los mismos en toda la UE y de que los procesos ofrecen idénticas garantías y dan pie a los mismos derechos.

El primer paso será agilizar los trámites, algo positivo para quienes merecen protección y útil para “rechazar a quienes quieren abusar de la protección internacional”, explicó Barrot. Las solicitudes deberán resolverse en un máximo de seis meses, el plazo vigente en España actualmente.

La propuesta amplía las garantías procesales a las víctimas de torturas o los menores no acompañados. Además, obliga a mantener una entrevista personalizada con cada demandante de asilo antes de decidir sobre su oportunidad, algo que hoy por hoy no siempre se respeta.

Bruselas asegura que la reforma legal no tendrá un efecto llamada

La propuesta prevé que la policía y el resto de las autoridades comuniquen inmediatamente sus derechos de asilo “a las personas que vienen en patera, que se encuentran en alta mar y son llevadas a las costas europeas”, dijo Barrot, una práctica poco habitual, según las organizaciones de derechos humanos, que ayer apoyaron la reforma legal sobre todo porque permite permanecer en la UE mientras recurren una posible denegación. De lo contrario, la aceptación puede llegar demasiado tarde, como destaca el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, al que pertenecen la Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Criticaron, sin embargo, que se siga permitiendo rechazar automáticamente una solicitud si la persona ha transitado antes por un país considerado seguro. Tampoco hay cambios en la práctica de diferenciar por regiones para evaluar el riesgo al que se exponen si los exiliados retornan.

Bruselas no cree que esta reforma legal vaya a tener un efecto llamada en los países en desarrollo: al contrario, “un sistema claro, racional, armonizado” es la mejor arma, dijo el comisario Barrot, “contra las redes de tráfico de seres humanos, que abusan de los sistemas administrativos y dejan a los inmigrantes a su suerte”.

Es la última pieza del programa para reformar la normativa de inmigración y asilo europea. La UE pretende dar un nuevo impulso a este proceso, aunque no prevé pactar una lista común de países o regiones considerados inseguros y a cuyos nacionales debe ofrecerse protección. La voluntad política de los países europeos por actuar de manera concertada no llega tan lejos.

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar aplaudió que la Comisión Europea impulse “el valor de la solidaridad” en la distribución de la carga de la inmigración y el asilo, aunque los debates se anuncian complicados en el Consejo de Ministros. “La Comisión Europea hace bien en hablar de redistribuir la carga, lo fácil es lo otro”, comentó a este diario López Aguilar, presidente de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El ex ministro de Justicia explica el bajo número de refugiados a los que España da protección por la “correlación inversa” entre asilo e inmigración. Los países con políticas migratorias más restrictivas son más susceptibles de recibir demandas de asilo, mientras que la mayoría de los inmigrantes que llegan a España del Áfricasubsahariana lo hace por motivos económicos y no políticos, como sí puede ser el caso de Italia.