El Gobierno ya tiene suficiente apoyo parlamentario para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería sin renunciar a los dos puntos básicos de ésta: el aumento del plazo de retención de los sin papeles desde los 40 a los 60 días y la limitación de la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes.

Ese respaldo se lo han proporcionado los 10 diputados de CiU, que a cambio han obtenido para las comunidades autónomas un buen número de competencias en la integración de los extranjeros y en la gestión de sus permisos. En total, el Ejecutivo ha asumido 40 de las 60 enmiendas que habían presentado los nacionalistas catalanes.

También Coalición Canaria (CC) ha logrado concesiones a cambio de su voto: el nuevo texto le permitirá traspasar la tutela de los menores inmigrantes a otras comunidades, a ONG o a fundaciones dedicadas a la protección de los muchachos.

El portavoz de inmigración de CiU, Carles Campuzano, resumió así las enmiendas pactadas: “Cataluña tiene derecho a construir su propia política de inmigración. El Estatut y los cambios introducidos en el proyecto de ley abren la puerta a una vía catalana para la integración de la inmigración”.

Según Campuzano, “sin conocimiento de las lenguas que se hablan en España y sin compartir los valores básicos de acogida no hay integración real”. Por eso sus enmiendas asumidas por el PSOE establecen, entre otras cosas, que la Generalitat valorará los conocimientos de idiomas de los extranjeros cuando éstos presenten sus solicitudes de arraigo.

La portavoz del PSOE, Esperanza Estévez, anunció que su grupo negocia ahora con el PNV y el BNG varias enmiendas transaccionales para lograr el máximo apoyo posible a la reforma del Gobierno.