donostia. Ni son las primeras ni serán las últimas voces que se alzan para denunciar actitudes discriminatorias contra inmigrantes que quieren acceder a una vivienda, bien en régimen de alquiler bien en propiedad. SOS Racismo sacó a la luz hace unos meses una situación incómoda y dolorosa: el 80% de las inmobiliarias cierran sus puertas al colectivo inmigrante. Miguel Navarro, integrante de esta plataforma social, confirma a este periódico que el escenario no ha mejorado.

El miedo a que los inquilinos no abonen religiosamente sus rentas mensuales es el principal motivo alegado por los propietarios que acuden a las oficinas para sacar sus viviendas vacías al mercado inmobiliario. “Improvisan excusas; otros directamente no quieren a ciudadanos inmigrantes en su piso y les echan”, describe el portavoz de SOS Racismo.

Los datos que manejan no dejan lugar a las dudas: la mitad de las inmobiliarias visitadas no ofertan pisos a las personas inmigrantes, a pesar de disponer de una amplia bolsa de inmuebles. Las que lo hacen, asimismo, restringen las posibilidades a un par de casas.

“Los resultados son preocupantes ya que, además de las dificultades económicas que existen para acceder a un alojamiento, se unen el racismo y la discriminación en una proporción muy importante”, subraya Navarro. De hecho, las conclusiones en las que fundamentan sus denuncias han sido extraídas tras un trabajo a pie de calle de tres meses. En ese tiempo han comprobado la existencia de hasta una veintena de anuncios de contenido indudablemente racista: Extranjeros no, Abstenerse extranjeros o Sólo nacionales son algunos de los mensajes a los que ciudadanos inmigrantes tienen que hacer frente en su intento de encontrar un piso (o habitación) donde poder vivir.

Las críticas de SOS Racismo no se quedan ahí. Navarro advierte de que este tipo de prácticas no son exclusivas del mercado libre, sino que también las condiciones de acceso a una vivienda pública son excluyentes para este colectivo. En su opinión, algunas de las cláusulas que regulan la actividad de Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda, constituyen una forma de discriminación indirecta.

“La petición del empadronamiento con una antigüedad determinada junto con la necesidad de demostrar unos ingresos económicos, según los parámetros determinados, hace que una parte importante de la población extranjera quede excluida de posibilidad de acceder a las viviendas sociales”, razona el portavoz de SOS Racismo.

Además, según recalca, no existe ningún mecanismo efectivo que permita hacer denuncia de situaciones de discriminación, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea en esta materia, por lo que “se da una gran impunidad”. “Todo ello influido por una Ley de Extranjería que crea situaciones de alta vulnerabilidad y desventaja a las personas extranjeras, y eso tiene su reflejo en la vivienda”, afirma Navarro.