VALLADOLID. El II Plan Integral para la Integración de la Inmigración de Castilla y León 2010-2013 prevé medidas de apoyo a las empresas para la contratación de trabajadores extranjeros con el objetivo de incentivar la incorporación de los componentes de este colectivo al mercado laboral. Este es uno de los aspectos más destacados del programa presentado por la Junta a los agentes del sector, al que ha tenido acceso la agencia Ical, y que también contempla la mejora de la cualificación profesional entre los inmigrantes con ayuda a las compañías para la formación de los mismos.
Dentro de los objetivos del borrador del Plan, que aún debe negociarse, se pretende potenciar la integración social de los inmigrantes garantizando el acceso en igualdad de condiciones a los servicios básicos para la ciudadanía, tales como la sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, y también el empleo. En este sentido, se pretende facilitar su inserción e integración laboral en las mismas condiciones que los trabajadores castellanos y leoneses, además del apoyo a empresas para fomentar la contratación, el Plan insta a la cooperación entre las partes para evitar el empleo irregular. También se luchará contra el tráfico de mano de obra ilegal y las redes ilícitas promoviendo la denuncia de escenarios irregulares.
Asimismo, el borrador señala que se canalizará el acceso de los inmigrantes al Servicio Público de Empleo mediante el asesoramiento e información laboral al colectivo, así como el fomento de programas de formación y de orientación individualizada que permita la elaboración de itinerarios formativos personalizados que tengan en cuenta el perfil y la potencialidad del trabajador.
Apoyo al retorno voluntario
Uno de los puntos novedosos del II Plan es fomentar el acceso a la vivienda para el colectivo inmigrante, tanto de protección oficial con convenios específicos con los ayuntamientos, como a través de la concesión de subvenciones para el arrendamiento. Además, para favorecer este aspecto, se contempla facilidades en la financiación (préstamos y subsidios), con especial relevancia para la vivienda rural, joven, familias, y el alquiler, es decir, con ventajas iguales a las que existe para beneficiar a los ciudadanos autóctonos.
En materia de acción social e igualdad de oportunidades, el Plan incluye medidas de apoyo y conciliación de la vida personal, familias y laboral para la compatibilización de las diferentes responsabilidades y para la resolución de conflictos que pudieran surgir en el seno de la familia.
Por último, se desarrollarán programas específicos de atención en situación de especial riesgo o vulnerabilidad. Entre ellos, además de las ayudas económicas para el alojamiento y manutención en situaciones de emergencia (banco de alimentos), también destaca una novedad que no aparecía en el I Plan, que es el apoyo a las iniciativas de retorno voluntario a sus países de origen por parte de los inmigrantes.
En el plano sanitario, la base principal es garantizar la asistencia adecuada a las necesidades de los inmigrantes. Precisamente en este sentido, el Plan obliga a elaborar materiales de educación y prevención para la salud en varias lenguas, que incluyan pautas medicamentosas, atención ginecológica y vacunación, entre otros aspectos.
En el marco de la educación, se prevé elaborar una guía dirigida al colectivo sobre el sistema en la Comunidad y los programas y servicios específicos, con el objetivo de promover un mayor conocimiento de los inmigrantes. También se formará al profesorado en aspectos relacionados con la interculturalidad en centros educativos y adquisición de estrategias de intervención, se dispondrán medidas para facilitar la continuidad de los estudios no obligatorios a partir de los 16 años y se desarrollarán programas para evitar el absentismo escolar y el abandono temprano, principalmente este último a través de la creación de la figura del monitor o tutor como nexo de unión entre las familias y la escuela.