El estreno de los cuatro radares fijos del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en la costa alicantina se ha revelado como un monumental fracaso. En menos de una semana, una planeadora y cinco pateras han logrado burlar la vigilancia de un dispositivo que el Ministerio del Interior había presentado como la panacea para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Los propios agentes de la Guardia Civil advierten que pese a su elevada precisión (puede detectar la llegada de naves desde una distancia de 40 millas náuticas, equivalente a 75 kilómetros), esta tecnología no es infalible.
La principal dificultad a la que se enfrentan los operadores es distinguir cualquier movimiento sospechoso entre el tráfico especialmente denso de embarcaciones recreativas y de pesca que surca el litoral de la Comunidad.
Expertos consultados por ABC explican que un operador del SIVE precisa una formación de entre tres y seis meses para poder dominar este tipo de situaciones. Sin embargo, los técnicos que manejan los dispositivos en Alicante apenas han contado para ello con tres semanas.
Dos años de espera
Una improvisación que resulta difícilmente explicable, si se tiene en cuenta que el Gobierno adjudicó hace casi dos años la instalación de estos equipos. La red del SIVE en Alicante consta de cuatro radares fijos, instalados sobre torres de 40 metros de altura en Cabo Roig (Orihuela), el Cabo de Santa Pola, la Sierra Helada (Benidorm) y el Cabo de San Antonio (Denia).
Estas cuatro estaciones están conectadas mediante fibra óptica con el Centro de Control de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde se procesa toda la información. Además, desde hace ya dos años opera en la costa alicantina un radar móvil, en un furgón.
Los radares están equipados con cámaras de visión diurna y nocturna (térmica) que pueden detectar un objeto de medio metro cuadrado en alta mar a una distancia de 21 kilómetros, según aseguran fuentes de la firma Amper, fabricante de estos dispositivos.
Cuando el buque ya se encuentra a menos de 15 kilómetros de la costa, el operador puede ver incluso quiénes están a bordo de la embarcación y lo que hacen. Todo queda grabado durante las 24 horas del día, en lo que puede constituir, por ejemplo, una prueba judicial ante un caso de narcotráfico.
Tras el seguimiento inicial, el sistema calcula la trayectoria de la embarcación e incluso el punto de la costa al que se dirige, con el fin de poner en marcha el dispositivo para interceptarla, habitualmente a cargo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. O de Salvamento Marítimo, si se trata de auxiliar a un buque.
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha intentado camuflar el fracaso cosechado hasta ahora asegurando que los radares han sido «fundamentales» para poder detener a los tripulantes de las cuatro pateras que el lunes arribaron a la costa de Santa Pola y a la isla de Tabarca.
Pero lo cierto es que, en condiciones normales, la función de los radares es detectar la llegada de las embarcaciones cuando se encuentran a varias millas de la costa, para que la Guardia Civil pueda abordarlas en alta mar.
No ha sucedido así esta semana. Fue una patrulla de Policía Local de Santa Pola la que advirtió de la llegada de las pateras al darse de bruces con dos de sus tripulantes cuando ya se encontraban en tierra. La Guardia Civil tuvo que peinar la zona en busca del resto de ocupantes de la embarcación.
Cambio de rutas
Todos ellos habían emprendido la huida. Lo mismo ocurrió con la patera llegada el miércoles al Cabo de las Huertas, cuyos tripulantes fueron sorprendidos por dos agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona de paisano.
El sistema SIVE comenzó a implantarse en agosto de 2002, con tres estaciones costeras controladas desde Algeciras, que se ampliaron con radares en Málaga, Granada, Murcia y los archipiélagos de Canarias y Baleares.
Hoy abarca casi 1.000 kilómetros de costa desde Portugal hasta Alicante. Según los expertos consultados por ABC, su progresiva implantación ha sido la responsable de que una parte del tráfico de pateras procedente del norte de Africa se haya desplazado hacia las costas de Alicante y Murcia, para evitar así la creciente presión en el Estrecho.