El Gobierno catalán asumirá a partir del jueves la competencia para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes, una nueva derivada del Estatut que ya ha sido criticada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y que supone la entrada de las autonomías en la gestión de los flujos migratorios.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, aprobó ayer el decreto que regula esta nueva competencia autonómica, y que en la práctica permitirá al Gobierno catalán autorizar los permisos iniciales de trabajo a trabajadores extranjeros, también en casos excepcionales como estudiantes, deportistas o extranjeros residentes en España fruto de la reagrupación familiar.

El Estado conserva la autorización de los permisos de residencia, que habitualmente se conceden de forma prácticamente automática al conseguir un permiso de trabajo, pero será el Gobierno autonómico el que gestione los permisos de trabajo a partir de las ofertas laborales realizadas en Cataluña. De este modo, el Govern espera regular los flujos migratorios «de acuerdo con las necesidades del mercado laboral catalán», explicó ayer la conseller de Trabajo, Mar Serna. Para mejorar ese servicio, el Govern ha habilitado una red de diez Oficinas de Trabajo de la Generalitat que asumirán este cometido a partir del jueves.

Gobierno y Generalitat crearán además una subcomisión en la que el Ministerio de Interior y la Consejería de Trabajo se coordinarán para gestionar los permisos de trabajo y residencia paralalemente, de modo que el solicitante recibirá una única resolución, emitida por la Generalitat.

La Generalitat será además la responsable de sancionar las infracciones en este terreno – competencia que llega paralela a la asución por parte de la Administración autonómica de la Inspección de Trabajo – y será la que ingrese la recaudación por las multas a empresarios que contraten trabajadores ilegales.