El trágico naufragio de una embarcación que transportaba emigrantes subsaharianos desde Marruecos hacia la costa gaditana acabó ayer con la vida de un número indeterminado de personas, que en cualquier caso podrían representar uno de los mayores dramas que se han dado en el tráfico de seres humanos a través del Estrecho. Los indicios de que la mayoría de los embarcados eran senegaleses que habían esperado durante largo tiempo acceder a tan aventurado viaje, y las circunstancias que a primera vista rodearon el naufragio, demuestran que la comprensible ansiedad por arribar a un mundo mejor se convierte en simple mercancía humana a manos de quienes fletan pateras o zodiacs sin la mínima seguridad en cuanto a la solidez de las embarcaciones o la destreza de sus patrones. Resulta prácticamente imposible que los dispositivos de rescate, integrados por los servicios de la Guardia Civil y por los equipos de la Cruz Roja, puedan mejorar su eficiencia sin una ingente dotación de medios. Pero el punto crucial del problema no se encuentra en la playa de llegada, sino en la costa desde la que parten tan desesperadas expediciones en beneficio de las mafias de la migración ilegal. Es cierto que Marruecos se ha convertido desde hace años en la cabeza de puente de una incesante corriente migratoria, procedente de los países subsaharianos. Pero esto no puede eximir a sus autoridades de la responsabilidad que les atañe en el control de los puntos de embarque de la emigración clandestina desde África hacia Europa. Mucho menos cuando en tantas ocasiones los embarcados en la travesía son súbditos marroquíes. Esta última tragedia en el Estrecho ha de servir para que Marruecos prevenga con mayor celo una emigración clandestina que se cobra tan alto precio.