El intenso debate suscitado en el arranque del procedimiento legislativo para la reforma de la Ley de Extranjería, que ha obligado al Gobierno a activar la búsqueda de alianzas, pone de relieve las sensibles diferencias entre los grupos parlamentarios a la hora de establecer la que supone la cuarta reforma en la materia en apenas ocho años. La elevada y negativa transitoriedad de una legislación que ha de interpretarse y encararse como un asunto de Estado ha acabado por acentuar la necesidad de disponer de una normativa consensuada que evite que la inmigración siga actuando como un arma de pugna partida