El Gobierno logró ayer que la reforma de la ley de Extranjería superase el primer trámite parlamentario gracias al apoyo de CiU y Coalición Canaria. El Congreso desestimó las enmiendas a la totalidad de PP, PNV, Esquerra – IU – ICV por 183 votos en contra, 154 a favor y dos abstenciones. Pero el proyecto gubernamental va a sufrir un amplio lavado de cara, ya que todos los grupos plantearán enmiendas, algo que requerirá del Ejecutivo mucha cintura política para lograr un apoyo suficiente para la aprobación.

El proyecto de ley, aprobado el pasado 26 de junio por el Consejo de Ministros, será la cuarta reforma en ocho años de la Ley de Extranjería. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, solicitó a los partidos que abandonasen sus diferencias para favorecer el consenso de cara a esta reforma que pretende establecer un marco adecuado para el desarrollo de una política migratoria «sostenible, integral e integradora».

Entre las novedades que el Gobierno aspira a introducir en la ley figuran la vinculación de la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo, introducir nuevos condicionamientos a la reagrupación familiar y la ampliación del período de internamiento máximo de 40 a 60 días para la expulsión del país de los ilegales, entre otros aspectos restrictivos.

CiU fue uno de los grupos que apoyó la reforma de la ley, pero su portavoz, Carles Campuzano, aclaró que considera necesarios algunos cambios en dicha propuesta. El diputado nacionalista reclamó que las autonomías tengan más capacidad de gestionar la inmigración, en especial en las políticas de reagrupación familiar, y controlar mejor el control de los flujos migratorios para facilitar su integración en la sociedad. Campuzano también resaltó la importancia del conocimiento de las lenguas del Estado para favorecer la integración de los ‘sin papeles’.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, destacó las «lagunas» del texto especialmente en el capítulo de los menores no acompañados que llegan cada día, una cuestión, dijo, en la que «no cabe mirar para otro lado». Oramas criticó una falta de compromiso por parte del Gobierno y alertó del «limbo legal» en el que se encuentran los menores que son acogidos en razón de su edad, pero que cumplen los 18 años en medio del proceso.

Uno de los cambios que suscitó más críticas fue la ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de estancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). El PNV y Esquerra Republicana reprobaron esta medida y recordaron que los inmigrantes están retenidos en estos centros por una falta administrativa, no por un delito castigado en el Código Penal.