Los españoles ya pagamos por los créditos al consumo más que el conjunto la Unión Europea – una media del 10,3% frente al 7,6%, según el BCE – y el abanico se está abriendo dentro del país, de manera que a los inmigrantes, entre otros colectivos, se les aplicará un tipo más elevado en sus préstamos para la adquisición de servicios y bienes duraderos.

Juan Iranzo, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), evoca que uno de cada cinco créditos al consumo no se pagan. Y argumenta que cuando un cliente deja de pagar una hipoteca, devuelve la llave de la vivienda, que pasa a ser propiedad del banco; si no abona la letra del coche o de los electrodomésticos, al acreedor le quedan bienes de escaso valor, y si el deudor es inmigrante, puede marcharse a su país sin rendir cuentas.

La propuesta salió a la luz en la presentación de un estudio sobre «La financiación al consumo en tiempos de crisis», editado por el IEE en estrecha colaboración con Asnef, la agrupación de establecimientos financieros de crédito.

Junto al desplome del inmobiliario, el aumento del paro y el temor a perder el empleo están cambiando los hábitos de los hogares. Si antes se endeudaban para gastar, ahora ahorran antes de desembolsar el importe de su compra.