PP, PNV y ERC – IU – ICV aceptan negociar con el Ejecutivo, aunque sus revisiones al proyecto fueron rechazadas

madrid. El Pleno del Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad planteadas a la nueva Ley de Extranjería, pese a las críticas generalizadas de los grupos, que, no obstante, recogieron la mano tendida del Gobierno para mejorar el proyecto. Durante el debate del Pleno, que echó atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC – IU – ICV por 183 en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió la necesidad de consensuar la nueva reforma y de aparcar las diferencias partidistas. Por su parte, NaBai votó a favor de las enmiendas a la totalidad, mientras que el diputado de UPN, Carlos Salvador, votó en contra, “pero con el ánimo de alcanzar un amplio consenso en un tema tan sensible”.

Todos los grupos del arco parlamentario recogieron el guante, aunque advirtieron a Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos. Tras calificar la política migratoria de “asunto de Estado”, el ministro pidió el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, dijo, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación.

Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados acudieron organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, Corbacho recordó los ejes de la cuarta reforma de extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y acusó al PP de declinar la moderación por intereses partidistas. Añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria (de 800.000 extranjeros en 1999 a 4,5 millones en marzo de 2009) y es necesario “pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración”.

críticas de la oposición Según el portavoz del PP, Rafael Hernando, la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del “papeles para todos a problemas para todos” y sus regularizaciones “masivas” tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares “ronda el millón”. Acusó a Corbacho de mentir, porque pese a sus “declaraciones demagógicas de que España no necesita más extranjeros, en el segundo trimestre de 2009 unas 130.000 personas han obtenido el permiso de trabajo y residencia”. Por último, expresó la voluntad del PP de alcanzar un acuerdo con el PSOE, aunque ello “dependerá de su altura de miras (de Corbacho), de su capacidad de mirar en el futuro y no sólo en el presente”.

Por su parte, Joan Herrera (IU – ICV) recalcó que la nueva ley “recoge pocos derechos” y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento; en un tono similar el diputado Joan Tardá (ERC) afirmó que el PSOE necesita “mano de obra, pero llegan personas”.