Amenazas, violencia física y psicológica. Las redes de proxenetas utilizan todos los medios para obligar a las prostitutas nigerianas a trabajar y a que entreguen 1.500 euros semanales con los que saldar la deuda contraída con estas mafias que asciende de media a 45.500 euros. Las meretrices que ejercen en la Rambla son mujeres de entre 18 y 25 años, como mucho 30, y aunque se ha detectado la presencia de alguna menor ha sido imposible confirmar su edad al no disponer de papeles que las identifiquen. Estas son algunas de las conclusiones del “informe sobre las condiciones de las nigerianas trabajadoras sexuales de Ciutat Vella”, elaborado por la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) entre los meses de junio a septiembre.

Hace más de un año educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas y agentes de salud empezaron a visitar a las meretrices de la Rambla. “Cuando se detectó el fenómeno de este colectivo empezamos a trabajar. Es una labor de hormiguitas porque son un grupo agresivo, muy cerrado que sólo habla inglés y que tiene mucho miedo”, explica la concejal de Dona i Joventut, Elsa Blasco. Las visitas se incrementaron en junio a cuatro noches semanales y hasta las dos de la madrugada. Desde entonces unas 40 prostitutas nigerianas que trabajan en Ciutat Vella y unas 10 que ejercen en la zona de plaza de las Glòries han solicitado algún tipo de ayuda a este servicio municipal. Así se les ha auxiliado para solicitar la tarjeta sanitaria y poder acceder a revisiones médicas, – según Blasco son mujeres preocupadas por la salud-empadronar, algo muy difícil sin papeles o a solicitar cualquier otra ayuda social.

Estas prostitutas llegan a Barcelona en avión o patera con la promesa de trabajar como canguros o dependientas. Una de ellas, según relatan las educadoras de Abits, dice que llegó a España nadando. Le hicieron pagar 300 euros por un traje de neopreno y en el estrecho, a mitad del trayecto, la obligaron a saltar.

Un vez en la ciudad la situación no es mucho mejor y se enfrentan a la cruda realidad. Jornadas interminables como trabajadoras sexuales con un único día libre al mes, que dedican a limpiar y hacer la comida para el resto de prostitutas con las que conviven. Las educadoras de Abits explican que son mujeres que viven aterrorizadas por las amenazas de los proxenetas, que ejercen el control también en la calle. Las palizas son normales y las advertencias de las mafias a hacer daño a alguno de sus familiares en Nigeria son otra de las medidas de coacción que se les aplica. Unas represalias, que según han explicado las propias trabajadoras sexuales, en alguna ocasión se han cumplido y que son más terroríficas para aquellas mujeres que han dejado a sus hijos en su país de origen. Las recién llegadas son las que se posicionan en la Rambla. Tienen prisa por saldar la deuda y, por eso, son tan agresivas para captar clientes. No se pueden poner enfermas y cuando están varios días sin ejercer, a causa de la desesperación y al miedo a las consecuencias, acaban por robar carteras o cometer pequeños hurtos. Todo lo que sea necesario para afrontar los 1.500 euros semanales que deberán entregar a los proxenetas.

“No es una receta mágica, pero el Ayuntamiento hace todo lo que puede para mejorar las condiciones de vida de estas trabajadoras sexuales”, reconoce Blasco. Y es que una vez que saldan su deuda muchas de estas mujeres continúan ejerciendo la prostitución. No pueden trabajar porque no disponen de papeles y se encuentran tan aisladas socialmente que su única salida es seguir prostituyéndose. Con todo, algunas quieren volver a su país, el Consistorio en colaboración con la entidad Sicar mantienen a las meretrices durante un tiempo alejadas en pisos sociales y después les facilitan la vuelta a casa.

La concejal de Dona i Joventut explica que el colectivo de nigerianas es completamente diferente al de las rumanas que operaban en la ronda Sant Antoni. “Con ellas era más fácil establecer un contacto. Algo que facilitó la operación Constanza con la que se desmanteló la red al completo”, argumenta la edil de ICV que se declara partidaria de la regulación sin querer entrar en más detalles.
Para las trabajadoras sexuales con papeles la inserción laboral es más fácil. Desde el año pasado y durante diez meses, 20 prostitutas participan en cursos de recolocación. Para que en ese tiempo puedan subsistir se les da una beca. “En muchos casos – reconoce Blasco-vuelven a prostituirse. Más ahora que encontrar un trabajo con la crisis es complicado”. Aún así, las propias educadoras sostienen que vuelven a la calle con más autoestima.

Abits trabaja a través de una mesa técnica con otras entidades de apoyo a las prostitutas. De hecho, muchas de estas ayudas se hace mediante convenios con estas asociaciones. “Nuestra labor es ayudar al colectivo y no limitarnos a sancionar. Ellas son las víctimas”, sentencia Blasco.