En la otra punta, en Barcelona, la política lleva unas semanas dándose de bruces con la realidad. La procesión de altos cargos en la celebración, el viernes, de la Diada contó con una banda sonora inesperada: «¡Menos banderas y más trabajo!», coreaban cientos que personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo de Nissan y de Roca. Días antes, la decisión de un periódico madrileño de publicar unas fotos desagradablemente explícitas de turistas practicando sexo con prostitutas contra las columnas de los soportales del mercado de la Boquería, en el centro de la ciudad, supuso otra bofetada de realidad a la clase dirigente, siempre tan apresurada a esconder las vergüenzas. Ya se sabe, lo que no se ve es como si no existiese.

Sin embargo la prostitución callejera existe en Barcelona y en decenas de ciudades, incluidas algunas gallegas. Para sofocar el incendio que se organizó por las fotografías, el alcalde de la Ciudad Condal tomó medidas represoras, las cuales se diluirán cuando las imágenes publicadas comiencen a borrarse de la retina de quienes las vieron. Jordi Hereu (PSC) mandó a la Policía Local a hacer unas cuantas detenciones y luego comenzó a participar en el juego de pasarse la pelota. El presidente del Gobierno le pidió al alcalde que tome medidas. El alcalde le pidió al presidente del Gobierno y al de la Generalitat que prohíban la prostitución callejera. El de la Generalitat le solicitó calma para no gobernar a golpe de titular. El tema se morirá y las esclavas de las esquinas seguirán sometidas a sus dueños durante otra larga temporada. Siervas de mafias internacionales, casi siempre engañadas y casi siempre sin otro futuro que el sometimiento y la vejación.

El Congreso de los Diputados creó no hace mucho una comisión que concluyó que no existe la prostitución voluntaria, pero no pasó de ahí. La incapacidad de los dos grandes partidos para defender los derechos humanos de inmigrantes clandestinas y combatir la esclavitud sexual es manifiesta. Las comunidades autónomas han aprobado leyes contra la violencia de género que consideran víctimas a las esclavas colocadas en las esquinas de las calles o en el arcén de las carreteras, pero como otras muchas leyes, se redactaron unos cuantos artículos y se metieron en el cajón.

Ni en el PSOE ni en el PP se aclaran. En ambos partidos conviven dos corrientes: regular la prostitución o promover el abolicionismo. No aclararse es lo más cómodo a sabiendas de que todo seguirá igual. En Madrid, donde hay calles tomadas por prostitutas, chulos o clientes, pasa como en Barcelona. Se pasan la pelota. El Ayuntamiento de Gallardón hace unos meses que lavó su conciencia con una campaña de publicidad: «Porque tú pagas, existe la prostitución». A la vez, la presidenta de la comunidad y rival en el PP del alcalde, Esperanza Aguirre, exigía todavía esta semana regular el comercio sexual: «Siempre he creído que es necesario y que lo demás es una hipocresía».

Es verdad. Son unos hipócritas, incluida Aguirre. Porque lo que preocupa a los alcaldes y a sus señorías no es la esclavitud de otros seres humanos, sino ver a las prostitutas en las esquinas de sus calles en vez de escondidas en burdeles. O en villa Certosa.