Las imágenes degradantes de prostitutas practicando sexo con clientes en plena calle junto al mercado de la Boquería, en Barcelona, han puesto sobre el tapete el antiguo debate. ¿Qué debe hacer España ante la prostitución? Por el momento, ni regula ni prohíbe. Las trabajadoras del sexo están situadas en un limbo de alegalidad. No es ilegal ser prostituta en España, aunque tampoco está autorizado ni regulado. Mientras políticos y legisladores debaten sobre cuál sería el mejor ejemplo a seguir – si el de Holanda, que gestiona la prostitución; o el de Suecia, que la persigue – , el sector relacionado con el oficio más antiguo del mundo sigue creciendo: mueve 18.000 millones de euros al año y en él se emplean alrededor de 400.000 meretrices.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. Los comerciantes del famoso mercado de la Boquería, en el barrio del Raval de Barcelona, denunciaron que cada mañana, cuando abrían sus tiendas, se enfrentaban a una desagradable tarea: recoger los condones usados que habían quedado esparcidos por la calle tras noches de frenética actividad. Decían que cada madrugada los alrededores del turístico mercado se convertían en una casa de citas. Las prostitutas más humildes, las que no podían costearse una habitación para trabajar, en su mayoría jóvenes nigerianas, habían hecho suyo ese rincón de la ciudad.

Son las prostitutas más tocadas por la crisis. Han llegado recientemente al país. No tienen papeles y sus perspectivas de encontrar trabajos mejores son escasas. Revientan los precios ofreciendo sus servicios a tarifas irrisorias. Si atienden a sus clientes en plena calle es, según dicen, porque no disponen de recursos para pagar habitaciones en las que poder trabajar y porque las autoridades municipales han cerrado los locales tradicionalmente reservados para estos fines. Las reformas urbanísticas iniciadas en Barcelona a finales de los años 80 desmantelaron el famoso ‘barrio chino’, el hábitat en el que se había movido históricamente la prostitución en la Ciudad Condal. A golpe de ordenanza municipal cerraron burdeles y locales de alterne, expulsando a las meretrices a la vía pública.

Pero tras el escándalo de los últimos días muchos de estos prostíbulos podrían volver a abrirse. El Ayuntamiento ha mostrado su buena disposición para permitir que nuevos burdeles puedan instaurarse en el barrio del Raval, con el objetivo de «reubicar» a las prostitutas callejeras en el «ámbito privado». Las autoridades municipales suavizarán las restricciones a la apertura de burdeles que regían las ordenanzas, como la obligación de que los locales debieran mantener entre ellos una distancia mínima de 200 metros.

Las trabajadoras del sexo de la capital catalana han acogido con los brazos abiertos esa iniciativa municipal. En una inusual rueda de prensa realizada el pasado jueves en Barcelona exigieron «lugares limpios» en los que ofrecer unos servicios que sean «reglamentados». Piden tener acceso a la Seguridad Social y condiciones «dignas» de trabajo.

Posturas encontradas

El viejo debate sobre la regularización o no del oficio más viejo del mundo vuelve a cobrar fuerza. Desde hace años en España políticos y legisladores no se ponen de acuerdo sobre cuál de las dos es la mejor opción. Durante la pasada legislatura, el Congreso creó una comisión parlamentaria destinada a debatir la cuestión. Pero la falta de consenso impidió llegar a un acuerdo.

Desde Anela, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, tienen clara la solución. «El actual marco de alegalidad perjudica a empresarios y a las prostitutas. Nosotros queremos que las chicas puedan darse de alta en la Seguridad Social como trabajadoras autónomas y que sus condiciones laborales mejoren», explica a El CORREO José Roca, portavoz del colectivo profesional. En España existen alrededor de 3.500 locales de alterne y el sector mueve en torno a los 18.000 millones de euros al año, según datos facilitados por el Gobierno. «Imagínese la cantidad de dinero que se está dejando de recaudar para las arcas del Estado y más ahora, en tiempos de crisis», apunta Roca.

Pero la regularización no es algo que convenza a todos. «Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, recluye a las mujeres y reconoce una actividad de violencia contra ellas que debería erradicarse», argumenta Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. «La regularización convertiría al Estado en proxeneta, porque se beneficiaría económicamente de esta práctica», prosigue.

El 90%, extranjeras

La plataforma aboga por el modelo sueco que «persigue a los hombres que buscan servicios sexuales» y entiende que «la prostitución es una forma de violencia hacia la mujer equivalente a los malos tratos en las relaciones de pareja». En los últimos años la prostitución en Suecia se ha reducido de manera drástica. Las claves de este retroceso estarían no sólo en la sanción a los clientes sino también en un intenso trabajo social con mujeres de escasos recursos económicos a quienes se les ofrece «alternativas a la vida en la calle».

Y es que la prostitución sigue estando estrechamente relacionada con la pobreza. Según explica Marian Arias, portavoz de Askabide, asociación que atiende a prostitutas en el País Vasco, «la mayoría de mujeres que se dedica a vender su cuerpo lo hace por necesidad» . En España el 90% de las prostitutas son extranjeras. Abundan las de origen latinoamericano, de Europa del Este o africanas. Suelen tener hijos en sus países de origen a los que envían dinero y tienden a ser jóvenes, con edades situadas entre los 25 y 35 años.

¿Es la elección de esta actividad mayoritariamente una decisión libre o forzada por mafias de tráfico de blancas? Las diferentes asociaciones que trabajan con prostitutas no se ponen de acuerdo en este punto. «Es muy difícil establecer los limites entre lo libre y lo forzado», valora la portavoz de Askabide. «Nadie elige la prostitución porque lo desee, en muchas ocasiones es una determinada situación económica la que empuja a tomar esta decisión». Desde el Ministerio de Igualdad se asegura, en cambio, que la gran mayoría de trabajadoras del sexo lo hacen obligadas por mafias que trafican con personas.