Fijan un criterio común por escrito para multarlos en vez de mandarlos a prisión Madrid

En el ajedrez de asfalto y manta, los jueces mueven ficha para darle una salida al peón negro. Si hay que castigar al que vende copias pirata, que no sea con la mazmorra que levantó la industria. Si hay cacería de mantero, que sea al menos con cepos de seda.

En una nota interna, los magistrados de la Audiencia de Vizcaya han tomado una decisión pionera en España con la que se quiere dar una respuesta punitiva más proporcional que la que recoge el Código Penal, que hoy fija penas de hasta dos años de cárcel para el que venda reproducciones ilegales en la calle.

Así, la Audiencia ha tomado un acuerdo no jurisdiccional en el que fija un «criterio a mantener en los supuestos por delitos contra la propiedad intelectual». Según se recoge, «cuando se conozca una imputación por delito contra la propiedad intelectual o industrial, el criterio general es el de considerar estas conductas atípicas, por estimar que existe un ámbito en el que han de aplicarse las sanciones civiles y administrativas y otro en el que entra en juego el Derecho Penal, estando éste reservado para los comportamientos de mayor entidad en relación con el bien jurídico protegido».

La consigna suena a estribillo nuevo y llama al cambio como un tam – tan. En vez de encarcelar, multar.

Tras la vuelta de tuerca que en 2003 se le dio al Código Penal, el ilícito de vender copias pirata en las aceras está más penado que conducir borracho, robar 15 cedés en un centro comercial, pasar hachís a pequeña escala o sustraer un coche.

A causa del endurecimiento aquel, afloran ahora unas cifras hiperbólicas: 118 personas, la mayoría indocumentados, están pagando con penas de cárcel por su venta callejera de hambre, hatillo y sabañón, según datos de Instituciones Penitenciarias.

El grueso de los reos se reparte en cuatro comunidades. En las penitenciarías de Madrid hay 30; 29 en las de Andalucía; 28 en las de Valencia; y 10 en las de Castilla y León. El perfil es el de un varón, de menos de 25 años, subsahariano, solo en España, de familia numerosa, que vivió de la tierra o del mar, sin antecedentes de ningún tipo, y que no entiende qué mal hizo aquel día si sólo vendía.

Desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy, 540 individuos han salido de prisión tras cumplir una condena por delitos contra la propiedad intelectual. Es cosa de una legislación que empieza a ser cuestionada, pero que sigue ahí echando paladas a la trituradora de carne que es la cárcel.

El artículo 270.1 del Código Penal establece que «será castigado con prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique» una obra sin permiso.

El criterio unificador fijado en Vizcaya a finales de julio va en la línea de lo solicitado antes del verano por juristas, artistas y colectivos sociales. En un escrito remitido a Justicia, aquellos daban opciones para sacar del atolladero a los vendedores ambulantes. O bien cambiar la prisión por una sanción administrativa. O bien que sólo haya penas de multa.

Desde el PSOE al PP, todos los grupos han manifestado con mayor o menor publicidad que la actual normativa punitiva es desmesurada. La proposición no de ley contra la criminalización e ingreso en prisión de personas que venden copias de cedés y deuvedés sobre sus mantas, presentada por ERC – IU – ICV el 12 de febrero, señala que «se trata de una reacción desproporcionada, que lesiona buena parte de los principios del Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho y que, en cuanto criminaliza la pobreza, es una reacción tremendamente injusta». Y añade: «Castigar con pena de prisión a estas personas significa profundizar en la exclusión social».

El movimiento por la causa mantera se despereza (www.manteros.aldeasocial.org), vuelve al tajo este septiembre y anda ya lanzando a las ventanas de las prisiones mensajes en aviones de papel.

Por ejemplo, la plataforma creada al efecto ya ha presentado 13 peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia para otros tantos encarcelados (una denegada, la de Mor Ndiaye, y 12 en trámite).

Por ejemplo, está en marcha una red de apoyo que tiene previsto contactar con los 118, cárcel por cárcel, para ver cada caso y preguntarles si dan su permiso para solicitar la excarcelación.

Lo escribió Mor, mantero senegalés al que le han denegado el indulto. O se lo escribieron, que para el caso es lo mismo: «De los que vinimos en cayuco, corrimos tres suertes diferentes. Algunos encontraron la muerte. Otros fueron deportados. Por último estamos nosotros, los supervivientes. Tuvimos suerte, pero seguimos a la deriva».