De nuevo asoma el debate sobre el tratamiento legal de la prostitución. Y la gran paradoja sigue abierta, insoluble: legalizarla representaría reconocer la normalidad de un «trabajo» humillante para la mujer y que en numerosos casos representa su esclavización. No legalizarla implica renunciar a otorgar a estas mujeres una mínima seguridad jurídica que las pondría a resguardo de diversos peligros.

El asunto es tan vidrioso que ni siquiera hay en Occidente consenso sobre la consideración que merecen los «clientes»: ¿hay que respetar su libertad? ¿Tiene sentido perseguirlos penalmente para acabar con esta lacra, tan antigua como el mundo, que probablemente proviene de una concepción machista y rancia de la relación entre hombre y mujer?

Lo único evidente es que hay que tomar decisiones. Porque la realidad es triste y degradante: este país está lleno de mujeres inmigrantes explotadas por mafias que se aprovechan de su desvalimiento, ante la indiferencia de una clientela que no muestra la menor sensibilidad.