La instalación completa en la costa de la Región de Murcia del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), el conjunto de radares empleado para detectar la llegada de pateras de inmigrantes o embarcaciones con droga, se ha visto retrasada un mes por un enredo burocrático entre la Comunidad y el Gobierno central. Las discrepancias entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Agricultura y Agua acerca de si había o no una autorización regional para ocupar parajes protegidos por su valor ambiental en Cartagena con casetas y torretas ha ralentizado la puesta en marcha de radares fijos. No obstante, el despliegue del último radar está siendo ultimado.

Según ha confirmado La Verdad en la Consejería y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, el problema surgió cuando un agente forestal sorprendió a los obreros de la empresa Indra (contratista habitual del Ministerio de Defensa) levantando una de las casetas para el SIVE en un área protegida y les advirtió de que no podían ocupar esos terrenos.

El forestal avisó a la Comunidad, que al no hallar una autorización formal para los trabajos se puso en contacto con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Según la Delegación, Interior esgrimió una carta del año 2007 del ex consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, en la que éste daba su visto bueno al Gobierno para instalar el SIVE en zonas protegidas debido a la importancia nacional de esta herramienta.

Costa bien protegida

Fue entonces cuando se deshizo la madeja burocrática y el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad, Pablo Fernández, agilizó los trámites ambientales.

Eso sí, la Comunidad ha obligado a cambiar de ubicación algunas casetas para que no afecten a lugares cercanos, por ejemplo, a nidos de águilas. Se trata de «motores, tanques diésel o antenas» no afecte a la fauna y la flora silvestre, según la Comunidad.

La Delegación y la Consejería destacaron que, pese al lío administrativo, al final ha prevalecido la colaboración institucional. Además, la Delegación aseguró que el «leve» retraso no ha supuesto la entrada ilegal de inmigrantes ni de alijos de droga a las costas, porque ésta «está fuertemente protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».