DV. La Federación de Hostelería del País Vasco expresó ayer «el miedo y la sensación de desprotección» que sienten los empresarios y trabajadores del sector «ante el aumento de la inseguridad ciudadana», por lo que pidió la reforma del Código Penal para acabar con la «impunidad» de los delincuentes. En una comparecencia ante los medios en Bilbao, los responsables de las Asociaciones de Hostelería de Vizcaya, Gipuzkoa y Álava, Ángel Gago, Kino Martínez y Eduardo Ugarte, respectivamente, denunciaron que en los últimos meses se ha registrado un incremento de los robos, atracos y agresiones a profesionales y locales, y que en esos sucesos el nivel de violencia también es cada vez mayor.

Los recientes atracos a punta de pistola cometidos en diferentes locales hosteleros de Vizcaya han hecho saltar las alarmas en el sector. Algo similar ya había sucedido hace meses en Gipuzkoa, donde el acuchillamiento de un hostelero en Donostia y la comisión de diversos robos en restaurantes, bares y cafeterías llevaron a los representantes políticos municipales y autonómicos a desarrollar actuaciones de mayor control y vigilancia.

El secretario general ejecutivo de la Federación, el vizcaíno Ángel Gago, definió como «desfasado» el actual Código Penal que permite que un delincuente sea detenido «decenas de veces sin que tenga ningún tipo de consecuencia».

Miedo

«Si una persona con 42 o más delitos registrados comete el 43, a más de uno se le debería caer la cara de vergüenza», insistió el representante de los hosteleros vascos. En su opinión, este tipo de situaciones tienen su origen en la «inhibición institucional del poder legislativo» que permite «reincidencias inaceptables, descoordinación judicial, menores que actúan con barra libre, una legislación permisiva, sentencias peculiares…».

Gago aseguró que muchos hosteleros tienen «miedo» a la hora de echar la persiana y se sienten «impotentes, indignados y humillados» porque horas más tarde de haber detenido a esos delincuentes «vuelven a estar en la calle».

«Aquellos extranjeros irregulares que han delinquido, tras la condena, deben ser expulsados con prohibición de retorno temporal o definitivo; o si un entorno de delincuentes percibe subsidios sociales, deben dejar de cobrarlas», son algunas de las medidas que los empresarios de hostelería están haciendo llegar a la Federación.

«El colectivo hostelero es de los pocos que maneja dinero a pie de calle. Abrimos y cerramos las ciudades y somos centros de trabajo asequibles para el delito. También está abierto el Hospital de Cruces las 24 horas al día, pero ¿quién va a atracar Cruces?», explicó el representante de los hosteleros guipuzcoanos Kino Martínez.

«Queremos modificaciones legales para que el gratis total por estos actos empiece a tener un coste para sus causantes y para sus familias», añadió Gago. Para ello, los representantes de los hosteleros vascos exigieron un cambio del actual Código Penal con el objeto de endurecer aquellos delitos ocasionados por delincuentes reincidentes y que impidan sentencias «incomprensibles» para los afectados.

«Hay que cambiar las leyes y que los jueces dicten sentencias en consonancia con la alarma social que se está produciendo en torno a la pequeña y mediana delincuencia», matizó Martínez.

«Es descorazonador constatar periódicamente la impotencia que sienten aquellos a quienes representamos ante las situaciones que sufren, por la inhibición institucional del poder legislativo ante la inseguridad generada por una delincuencia en evidente crecimiento», afirman.

Cartas al congreso

Con dos años de antelación y de cara a las próximas elecciones generales, los hosteleros vascos van a informar sobre sus intenciones a todos los grupos que conforman la Cámara Baja. Además, exigirán conocer si piensan incluir en sus compromisos electorales la modificación del Código Penal «para que todos tengan que asumir las consecuencias de lo que está ocurriendo».

Noventa días antes de la convocatoria electoral, los hosteleros vascos tienen intención de dar a conocer la posición de cada una de las formaciones políticas en este asunto y solicitarán el apoyo de la federación nacional de hosteleros y de las más de 70 asociaciones federadas.