pamplona.El ministro Gorbacho anunciaba el año pasado que alrededor de un millón de personas se acogerían a las ayudas del plan de retorno voluntario.

Y ha sido un fracaso, no ha llegado ni a 10.000… Se quiso echar a los que sobran pero no ha sido posible.

En la exposición de esta mañana ha hablado de la inmigración en Europa como una nueva forma de esclavitud, ¿no exagera?

Dentro de unos años nuestra sociedad será un ejemplo de barbarie. Hemos traído a personas a las que consideramos su condición estrictamente funcional, como instrumentos que resuelven unas necesidades que nosotros solos nos podemos cubrir. No les atribuimos la plenitud de los derechos sino que regateamos los derechos, sobre todo los que suponen costes. En cuanto nos cuestan, entendemos que no está justificada su presencia…

¿Las nuevas políticas europeas como la directiva de retorno es una ofensiva para echar a los sin papeles? ¿Cuáles son los puntos clave?

Los puntos más claros desde el punto de vista de la Unión Europea son la directiva de retorno de 2008 y el pacto europeo de asilo e inmigración suscrito en septiembre del 2008 bajo la presidencia francesa de Sarkozy que empieza recuperando el argumento de que el objetivo básico es adecuar la presencia de inmigración al mercado de trabajo. Son los dos instrumentos más claros en la legislación europea. Habría que añadir la directiva de Carta Azul que otorga un estatus privilegiado a los trabajadores que más nos interesan, es decir, en el sector informático y de telecomunicaciones para competir con USA y Asia. Van a sufrir un trato absolutamente diferente de los trabajadores sin cualificación o de la mano de obra en construcción y servicio, con detalles como que van a tener libertad de movimiento dentro del espacio europeo, más facilidades para tener el estatus de residentes de larga duración, etcétera.

¿Y en el marco estatal, hacia dónde va la reforma normativa?

Desde el punto de vista español a mí me parece más grave el sostén que dio el cuerpo político español a la directiva de retorno y las dos leyes que están en curso de reforma: la ley de extranjería y la de asilo. Hay que denunciar el estrechamiento del reagrupamiento familiar, la penalización del delito de hospitalidad, el incremento de las sanciones, el endurecimiento de los tipos penales, el no reconocimiento de otros derechos…

A los marroquíes se les priva del derecho a voto que sí tienen los gallegos que viven en Argentina….

En lo que es el sufragio municipal, no en el plano autonómico, estatal ni europeo, tienen derecho aquellos inmigrantes cuyos países de origen han suscrito pactos de reciprocidad para reconocer ese mismo derecho a los españoles que viven allí. El Gobierno español ha suscrito pactos con unos diez países, pero una comunidad excluida de esa posibilidad son los marroquíes, que precisamente son los más numerosos en España. Y hablo de inmigrantes regulares, con permiso de residencia. No hablo de los extranjeros con derecho a voto porque en sentido estricto lo tienen todos los ciudadanos de países comunitarios que residan en España incluidos Rumania y Bulgaria. Para eso sí se modificó la Constitución. Los derechos no pueden depender de la condición de nacionalidad. Hay que favorecer el acceso a la ciudadanía de todo el que tenga una residencia estable y ya discutiremos cuánto tiempo.

¿Cómo afecta esta situación a sus derechos como ciudadanos?

No puede ni siquiera poner en el tablero de la discusión las necesidades que tiene, y sobre todo muchas de esas necesidades que son comunes con el resto, en escala municipal, en los tributos, organización de servicios de basura, centros de salud, escuelas… y sin embargo no pueden decidir, y es algo completamente absurdo. En las últimas elecciones municipales ha aumentado el número de concejales elegibles porque ha aumentado la población por los inmigrantes, pero se da la paradoja de que no pueden presentarse a esos puestos ni siquiera votar. Ilegítimo.

¿Existe el riesgo de que se dispare el número irregulares con la crisis al perder el permiso de trabajo?

No hay permiso de residencia si no hay un permiso de trabajo. Ése es el problema. Todavía no estamos en la situación de Italia donde se aprobó la última ley sobre seguridad y la condición de irregularidad sobrevenida por haber perdido su puesto de trabajo es un delito, y lleva aparejada una sanción penal y la expulsión. Puedes estar trabajando en cualquier empresa, hacen un ERE o reducen trabajadores, y si eres inmigrante a partir de ese momento eres un ilegal, puedes ser sancionado por la ley porque no tienes derecho a estar. Es deleznable. Pensemos si se hiciera con cualquier trabajador…

¿Qué derechos deben de tener los inmigrantes irregulares?

Todos los que conllevan la dignidad de la persona, y luego tienen que tener acceso a la documentación, a regularizarse. Buena parte de estos inmigrantes mal llamados ilegales están trabajando. El escándalo en Italia es que se ha descubierto que ni uno ni dos sino un porcentaje significativo, incluso miembros del gobierno italiano de Berlusconi, tenía empleados inmigrantes irregulares. Hay que tratar de hacer posible la búsqueda de trabajo en condiciones igualitarias, y que se pueda tener un visado para la búsqueda de trabajo. Acabado ese periodo si se tiene que ir, que se vaya, pero ahora la única posibilidad de venir aquí es o tener un contrato en origen, cada vez es más difícil porque se quiere hacer menos contratos en origen para pagar menos, o bien venir aquí como turista y luego quedarse, o entrar clandestinamente. Ser realista.