La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo que cite a la teniente de alcalde del municipio vizcaíno de Trapagaran, Pilar Souto, para interrogarla en calidad de «imputada» sobre las protestas vecinales contra una familia gitana que tuvieron lugar en el barrio de La Arboleda durante la pasada primavera. Las movilizaciones consistieron en un rosario de concentraciones y actos intimidatorios para impedir que un matrimonio con cinco hijos fuera realojado en un piso de alquiler del Gobierno vasco.
El ministerio público considera que los hechos la puerta del inmueble fue tapiada y se acusó infundadamente a los inquilinos de tener un largo historial policial podrían ser calificados como delitos de acoso inmobiliario, coacciones, amenazas e injurias. También recuerda que, según los testimonios recibidos, el Ayuntamiento de Trapagaran se negó a empadronar a los realojados, requisito imprescindible para escolarizar a los niños y obtener la tarjeta sanitaria. Tal actitud podría tipificarse como un presunto delito de prevaricación.
La Fiscalía, a través del área especializada en acoso moral, ha elevado un escrito de denuncia a la jueza que lleva el caso, en el que también pide la declaración como imputados del presidente de la asociación vecinal de La Arboleda, Iñaki Zamarripa, y de una tercera persona residente en ese barrio. Desde su punto de vista, si bien el procedimiento judicial todavía se encuentra en una fase inicial, los hechos ocurridos en Trapagaran respondían a «una actuación coordinada» para impedir que la familia gitana se instalara en el barrio.
El ministerio público hace un repaso pormenorizado de las denuncias de hostigamiento presentadas por los nuevos vecinos, cuya situación ha movilizado incluso al Ararteko. El escrito del fiscal, que fue enviado al juzgado en agosto pasado, y al que ha tenido acceso EL CORREO, advierte de que el propio ‘ombudsman’ del País Vasco expresó su preocupación porque el bloque de viviendas de los realojados tenía que ser «custodiado» durante «la mayor parte del día».
«A su casa»
El conflicto estalló a finales del pasado año, después de que el matrimonio gitano, que residía con anterioridad en un edificio ruinoso de Sestao, se quedara en la calle a causa de un incendio que destruyó el inmueble. En octubre de 2008, el Gobierno vasco decidió reubicar a la familia en La Arboleda, en uno de los tres pisos de arrendamiento protegido que quedaban libres en el barrio. La medida puso al vecindario en pie de guerra. «El que quiera gitanos que se los lleve a su casa», decía, lacónicamente, un escrito entregado en el Ayuntamiento.
Un colectivo vecinal recogió firmas contra los afectados, a los que se tildó de conflictivos, mientras se propagaba el rumor de que habían acumulado 57 antecedentes policiales. Tal acusación resultó ser incierta, pues se comprobó que únicamente se les había atribuido un hurto de chatarra.
Las protestas alcanzaron su cénit el pasado 1 de abril, cuando un centenar de personas trataron de bloquear el acceso de los nuevos vecinos a su vivienda y frustrar la operación de realojo. La Ertzaintza identificó a unos cuarenta individuos durante el incidente, que obligó a llamar a unos albañiles porque la puerta del piso había sido tapiada con ladrillos y la cerradura, inutilizada.
Caso reabierto
La Fiscalía presentó una denuncia, pero el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo ordenó archivar el caso en dos ocasiones, la primera de ellas con el argumento de que no era posible conocer a los responsables de lo sucedido en La Arboleda. Cuando el fiscal presentó un recurso contra la medida, el órgano judicial volvió a ordenar el sobreseimiento, recordando en esta ocasión que los vecinos que se estaban movilizando contra el realojo ejercían el derecho de manifestación.
No obstante, en mayo pasado, tras una nueva apelación, la Audiencia de Vizcaya ordenó reabrir el procedimiento, al entender que en el rosario de incidentes de Trapagaran podían existir indicios de delito. Fue entonces cuando la Fiscalía preparó otro escrito de denuncia, en el que incluía, además de lo ocurrido el 1 de abril, los sucesos que se habían producido en La Arboleda después de esa fecha, mientras los recursos judiciales seguían su curso. El nuevo documento del ministerio público fue enviado al juzgado de instrucción de Barakaldo hace un mes.

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