A. BAQUERO / J. CAÑETE BAYLE
BARCELONA

La constatación de que la prostitución callejera y de carretera es un fenómeno extendido por toda Catalunya evidencia la cadena de dejaciones y vacíos legales que rodea la actividad a nivel local, autonómico y estatal. La reacción en Barcelona es un buen ejemplo: el Ayuntamiento acusó al Ministerio del Interior por no expulsar a las prostitutas sin papeles; el ministerio acusó a la Generalitat de no mantener la seguridad, y la Generalitat se defendió diciendo que, con las leyes que hay, no puede perseguir la prostitución.
Mientras, asociaciones de vecinos y oenegés, que son las que siguen a pie de calle el fenómeno y llevan mucho tiempo advirtiendo de lo que se estaba larvando, denuncian que la situación actual (que también incluye la degradación humana de las mujeres) es producto de una dejación de funciones en cadena por parte de todas las administraciones, cuerpos policiales, partidos políticos y la propia justicia. Al fin y al cabo, España no tiene ninguna ley específica que regule la prostitución (que es legal) y la deja en manos de lo que establece el Código Penal en términos de ley de extranjería, lucha contra proxenetas y trata de blancas, y protección de menores, entre otros aspectos.
«Lo que sale en las fotos lo vemos en el Raval todos los días; llamas a la Guardia Urbana y te dicen que es cosa de los Mossos; llamas a los Mossos y te dicen que es de la Guardia Urbana», denuncia Jordi Matador, de la plataforma Raval per Viure.

MEJORAS URBANAS Precario marco legal al margen, los ayuntamientos tienen su parte de responsabilidad. De ellos depende el estado general (servicios, iluminación, mobiliario urbano) de los barrios donde se concentran las prostitutas. En Barcelona, la situación del Raval hace tiempo que es motivo de preocupación entre vecinos y comerciantes. Reclaman medidas como mejorar el iluminado o dar más licencias de terrazas para ocupar la calle. En otras localidades de Catalunya se dan casos de insuficientes dotaciones de policía local que no pueden hacer cumplir las ordenanzas.
También podría hablarse de los dispositivos de seguridad. Por ejemplo: las prostitutas casi han desaparecido de la Rambla estos días después de que se hayan redoblado las patrullas callejeras, lo cual prueba que estas eran antes insuficientes.
El hecho de que las meretrices extranjeras, muchas de ellas sin papeles, no puedan ser expulsadas demuestra que el mecanismo de la ley de extranjería no es eficaz y deja sin efecto la acción policial. Los juzgados de guardia tampoco ayudan, pues deniegan el ingreso en centros de internamiento de extranjeros de muchas prostitutas sin papeles que luego, cuando hay que comunicarles la expulsión, están ilocalizables.
La lista de desaciertos también incluye a los partidos que no han hallado la forma legal de solucionar el problema. «Los políticos ahora solo piden que se quite a las mujeres de la vista», denuncia Clarisa Velochi, del colectivo Genera, que defiende derechos de las prostitutas.