MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Ha faltado valentía. Y consenso. Y superar dudas y debates bizantinos. Si la prostitución en España y Catalunya se encuentra bajo la más absoluta alegalidad es porque nadie se ha atrevido hasta ahora a coger el toro por los cuernos. Ni se prohíbe ni se regula. Simplemente existe, está ahí. Solo los ayuntamientos –obligados por la evidencia, ya que el fenómeno se les ha instalado ante la puerta de casa– han intervenido como han podido para tratar de reducir la presencia de prostitutas en calles, plazas y carreteras.
El proyecto más reciente, y hasta ahora también el más ambicioso, para poner coto a la situación lo promovió en el 2006 la entonces consellera de Interior de la Generalitat -y ahora de Justícia-, Montserrat Tura (PSC). La propuesta lleva tres años en los cajones del departamento, sin que el actual titular, Joan Saura, haya mostrado interés por retomarla.
Ya en su momento, el plan de Tura chocó con las distintas sensibilidades internas de los socialistas, tanto en Barcelona como en Madrid, atrapados en debates intestinos sobre la prostitución. La versión oficial es que el anteproyecto no prosperó porque, justo cuando estaba a punto de redactarse el texto definitivo (en mayo del 2006), Pasqual Maragall convocó elecciones anticipadas. Es cierto, pero también lo es que, según fuentes conocedoras del proceso, el PSC no lo apoyó unánimemente y el PSOE (en el Gobierno español) lo recibió con poco entusiasmo, por temor a la reacción de los sectores feministas del partido, defensores de abolir la prostitución.

DOS AÑOS DE TRABAJO Tal vez no fuera la panacea, pero al menos intentaba regular una actividad que en España se caracteriza por la falta de intervención de las administraciones. Se trataba, en definitiva, de un intento de ordenar el fenómeno en un momento en que la llegada masiva de prostitutas extranjeras había ya desbordado la situación en algunas zonas de Catalunya, como el Alt Empordà, y empezaba a ser un problema grave en la ciudad de Barcelona.
El anteproyecto de ley de limitación de las actividades relacionadas con la prestación de servicios sexuales remunerados, fruto de más de dos años de trabajo, fue ideado con el propósito de «minimizar los riesgos inherentes» a la prostitución y de «mejorar la protección de las personas que la ejercen», según su preámbulo. En su elaboración participaron especialistas en materia sanitaria, de acción social, de espectáculos y de ordenación de los espacios públicos; se consultó a expertos en derecho penal, laboral y civil, y se implicó a asociaciones ciudadanas.
Partiendo de la base de que el Código Penal no considera delito el ejercicio de la prostitución –solo está penado el proxenetismo– lo que se propuso la consellera Tura es que, al menos, las personas que ejercían libremente esta actividad en Catalunya contaran con un lugar en condiciones donde hacerlo. Se pensó que, de este modo, poniéndole límites espaciales a la prostitución, se podría atajar, de una vez por todas, la práctica callejera o de carretera.

ANTECEDENTES / La idea no era nueva. De hecho, estaba inspirada en la experiencia de Alemania y de Holanda que, en los años 2000 y 2002, respectivamente, habían puesto en marcha distintas experiencias reguladoras. Una de las novedades del plan Tura era la creación de casas autogestionadas por las propias prostitutas, sin la intervención de terceras personas que pudieran lucrarse, por ejemplo, a costa de cobrar el alquiler. La creación de pequeños locales –de entre seis y quince habitaciones, según el modelo– facilitaría el control e inspección de la actividad.
El anteproyecto establecía que los locales, que debían contar con un acceso propio, independiente de los bloques de vecinos, debían estar separados entre sí como mínimo por 500 metros. Tampoco podían ubicarse a menos de medio kilómetro de lugares frecuentados por menores (colegios, centros de ocio o casas de acogida).
Pese a lo avanzado de la propuesta de Tura –apenas faltaba redactar el texto definitivo del anteproyecto de ley–, el cambio en Interior frenó la iniciativa. Posiblemente porque también en ICV existen sectores defensores de la abolición, la fórmula que adoptó Suecia, donde la prostitución sí es delito.

DECRETO DEL 2002 Al no haber salido adelante el proyecto, el único texto elaborado por la Generalitat y que, a juicio de algunos expertos, tal vez podría usarse para intentar ordenar la prostitución callejera, data de agosto del 2002 y fue redactado en Interior bajo el mandato de Xavier Pomés (CiU). El decreto establece los criterios que deben seguir los locales de alterne. No hace referencia a la prostitución callejera, pero en un momento habla de «preservar el orden público y evitar molestias a terceros».