DV. La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo que cite a la teniente de alcalde del municipio vizcaíno de Trapagaran, Pilar Souto, para interrogarla, en calidad de «imputada», sobre las protestas vecinales contra una familia gitana que tuvieron lugar en el barrio de La Arboleda durante la pasada primavera. Las movilizaciones consistieron en un rosario de concentraciones y actos intimidatorios para impedir que un matrimonio con cinco hijos fuera realojado en un piso de alquiler del Gobierno Vasco.
El ministerio público considera que los hechos la puerta del inmueble fue tapiada y se acusó infundadamente a los inquilinos de tener un largo historial policial podrían ser calificados como delitos de acoso inmobiliario, coacciones, amenazas e injurias. También recuerda que, según los testimonios recibidos, el Ayuntamiento de Trapagaran se negó a empadronar a los realojados, requisito imprescindible para escolarizar a los niños y obtener la tarjeta sanitaria. Tal actitud podría tipificarse como un presunto delito de prevaricación.
La Fiscalía ha elevado un escrito de denuncia a la jueza que lleva el caso, en el que también pide la declaración como imputados del presidente de la asociación vecinal de La Arboleda y de una tercera persona residente en ese barrio. Desde su punto de vista, si bien el procedimiento judicial todavía se encuentra en una fase inicial, los hechos ocurridos respondían a «una actuación coordinada» para impedir que la familia gitana se instalara en el barrio.
El escrito del fiscal, que fue enviado al juzgado en agosto, hace un repaso pormenorizado de las denuncias de hostigamiento presentadas por los nuevos vecinos, cuya situación ha movilizado incluso al Ararteko.
El conflicto estalló a finales del pasado año, después de que el matrimonio gitano, que residía en un edificio ruinoso de Sestao, se quedara en la calle a causa de un incendio que destruyó el inmueble. En octubre de 2008, el Gobierno Vasco decidió reubicar a la familia en La Arboleda, en un piso de arrendamiento protegido.
Un colectivo vecinal recogió firmas contra los afectados, a los que se tildó de conflictivos, mientras se propagaba el rumor de que habían acumulado 57 antecedentes policiales. Tal acusación resultó ser incierta, pues se comprobó que sólo se les había atribuido un hurto de chatarra. Las protestas alcanzaron su cénit el 1 de abril, cuando un centenar de personas trataron de bloquear el acceso de los nuevos vecinos a su vivienda. La Ertzaintza identificó a unos cuarenta individuos durante el incidente, que obligó a llamar a unos albañiles porque la puerta del piso había sido tapiada con ladrillos y la cerradura, inutilizada.