Lleva cuatro años y medio en Italia y fue condenado a tres meses de cárcel por robar una bicicleta para trabajar.

ROMA – En Italia las bicicletas las roban los desheredados. En los duros años de la posguerra los ladrones eran personas desesperadas que caían en el robo como última solución para poder vivir. Vittorio de Sica retrató magistralmente esta angustia en su película «El ladrón de bicicletas», joya del neorrealismo italiano. Hoy, los desharrapados de Italia son los inmigrantes clandestinos, ese millón de personas que la nueva Ley de Inmigración del Gobierno de Silvio Berlusconi ha convertido en criminales. Y es que desde principios de mes ser un «sin papeles» en Italia supone enfrentarse a penas de entre 5.000 y 10.000 euros y a hasta seis meses de retención.
Este castigo no había sido impuesto a ningún clandestino hasta el pasado lunes, cuando un juez de Florencia condenó a un joven palestino de 28 años a pagar una multa de 5.000 euros. Es culpable de vivir de forma irregular en Italia desde hace cuatro años y medio.
La Policía descubrió que el joven, llamado Samer Al Shomalij, no tenía documentos cuando lo detuvieron por haber robado una bicicleta en Florencia. Fue condenado por el robo a tres meses de prisión, que ya está cumpliendo desde mediados de agosto. Se defendió diciendo que le hacía falta la bicicleta para ir a trabajar y que pensaba devolverla. El lunes, en el juicio, Al Shomalij indicó que vendía «chaquetas de cuero» en la tienda de su primo con las que «ganaba dinero legal» y que «esperaba conseguir el permiso de residencia» pronto con la ayuda de un amigo.
Tragedia en Lampedusa
A este joven le seguirán pronto otros nuevos condenados por inmigración ilegal. Los próximos podrían ser los cinco eritreos que llegaron a Lampedusa la semana pasada. Habían partido desde las costas de Libia a finales de julio y, tras quedarse sin gasolina, fueron a la deriva durante veinte días. La falta de agua y alimento acabó con la vida de 73 de sus compañeros, la mayoría eritreos, según contaron los cinco supervivientes, que tuvieron que ser ingresados en un hospital por el deterioro que les había provocado el viaje. Cuando mejore su salud, tendrán que enfrentarse a la investigación que un fiscal ha abierto para verificar si deben pagar los 10.000 euros de multa o tienen derecho a gozar de asilo político.
La muerte de los 73 inmigrantes y la agonía de los cinco supervivientes ha provocado un pulso entre el Gobierno italiano y la Iglesia. «Avvenire», el diario de la Conferencia Episcopal Española, denunció que Occidente «mira hacia otro lado» en el drama de la inmigración «como ya lo hizo antes con el Holocausto». El presidente del Pontificio Consejo para los Inmigrantes, monseñor Antonio María Vegliò, también tuvo palabras de condena para la masacre, algo que no le ha gustado al Ejecutivo italiano. Uno de sus ministros, Roberto Calderoli, ha dicho que «la Santa Sede contradice a Vegliò», lo que éste ha negado tajantemente.