¿Es excesivamente duro el Código Penal a la hora de castigar la venta ilegal de música? Este debate, presente desde hace meses en círculos jurídicos y artísticos, ha tomado cuerpo en Vizcaya después de que un juzgado de Santander condenase a seis meses de prisión a un ciudadano de Senegal, afincando en Bilbao, que fue detenido en Torrelavega con una mochila cargada de DVDs y CDs. Hace apenas unas semanas, el mismo juzgado ordenó su ingreso en la prisión de Basauri mientras se tramita su orden de expulsión. Aladji Mbengue, que carecía de antecedentes penales, también fue penalizado con una multa de 900 euros y obligado a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El Código Penal castiga el top manta con una sanción económica y con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años. Hasta la reforma del 2003, los jueces imponían una de las dos penas: la privación de libertad o la multa. Pero todo cambió con la entrada en vigor de la nueva regulación. Desde entonces, «centenares» de personas han pasado por la cárcel por este motivo. En la actualidad, según las plataformas que velan por los derechos de los inmigrantes, un centenar de extranjeros siguen entre rejas por este tipo de piratería, que ha ido perdiendo peso por el empuje que han experimentado las descargas en Internet en los últimos años.

Este periódico ha recabado la opinión de distintos agentes sociales relacionados, de una u otra manera, con esta actividad. Los criterios sobre este asunto son variados. Pero, en términos generales, todos coinciden en un punto: la pena de prisión para los ‘manteros’ es un castigo «desproporcionado».

Julián Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad Comillas de Madrid, lleva varios años trabajando por conseguir indultos para los vendedores ambulantes. Él mismo ha redactado la petición de excarcelación en favor de Aladji Mbengue y hoy tiene previsto presentar siete solicitudes por otros tantos inmigrantes encarcelados en Zaragoza.

Según su punto de vista, el debate no tiene demasiado misterio. La legislación actual, dice, fue aprobada debido a la «presión» que ejercieron las entidades que gestionan las sociedades de autores. Desde entonces, este delito está más castigado que matar a alguien en un accidente de tráfico después de haber cometido una imprudencia leve o robar por la fuerza un ciclomotor cuyo valor no supere los 400 euros. Y, por eso, considera «totalmente desproporcionado» utilizar el recurso «más duro» contemplado en el ámbito judicial – como es el Código Penal – ante «conductas escasamente lesivas».

Redes mafiosas

Ríos confía en que en los próximos meses se modifique del artículo 270 de este Código, actualmente en revisión para conseguir reformar una treintena de artículos. Según dice, hay dos vías para lograrlo. La primera pasaría porque el Gobierno decida cambiarlo ‘motu proprio’. La segunda, que se acepten algunas de las enmiendas que «todos los partidos de la oposición» se han comprometido a presentar para lograr sacar de la vía penal este tipo de pirateo. «Mientras tanto, lo que nos queda es solicitar indultos», explica.

La Sociedad General de Autores y Editores no se pronuncia sobre la necesidad de modificar el Código Penal. «Nosotros no legislamos ni castigamos a los infractores. Nos limitamos a defender los derechos de nuestros asociados», explican fuentes de la agrupación.

La SGAE, sin embargo, mantiene ahora una posición «indulgente» respecto a los vendedores de top manta. «Más que un cambio de postura, hemos visto que estas personas son víctimas y no debemos machacarlas», apuntan, antes de reconocer que personarse en determinados juicios de estas características no les era «favorable».

Pese a este posicionamiento, los mismos medios insistieron en que este tipo de pirateo constituye una «actividad delictiva clara» que resulta necesario «perseguir». La SGAE «no se opone» a los indultos de los ‘manteros’, siempre que no exista «reincidencia» y «cumplan» con sus responsabilidades económicas. «Hay que estudiar caso por caso», insisten, antes de subrayar que el verdadero problema en los denominados delitos contra la propiedad intelectual son las «redes mafiosas» que se adueñan de este negocio y «explotan a unos inmigrantes que luchan por sobrevivir». «Son estas mafias las que se deben perseguir», zanjan.


d.s.olabarri@diario – elcorreo.com