El Gobierno de Zapatero ha pasado del defecto al exceso en su política migratoria, del papeles para todos en 2005 a la persecución sin piedad de los inmigrantes indocumentados, a veces incluso saltándose los derechos humanos más elementales. Como viene denunciando este periódico desde hace meses, los criterios de detención, que contradicen las aseveraciones del propio Rubalcaba del pasado mes de febrero, siguen siendo cuantitativos y no cualitativos. El objetivo no parece que sea, como aseguró el ministro del Interior, perseguir a los inmigrantes que han cometido delitos, sino alcanzar los cupos marcados para cada comisaría mediante redadas indiscriminadas. Sólo así se entiende que los agentes irrumpan a la caza del sin papeles en comedores sociales, en el exterior de las embajadas, en centros de salud y en la puerta de muchos colegios. Pero además de ser una medida nada humanitaria, se trata de un gesto demagógico: la mayoría de los detenidos no pueden ser devueltos a sus países por desconocimiento de su origen.