La titular de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, manifestó su satisfacción por el trabajo realizado en su departamento durante los dos años que lleva al frente, sobre todo en lo relacionado con la política que afecta a los menores extranjeros no acompañados que llegan en cayuco.

“La sociedad canaria conoce perfectamente la situación de los menores que se juegan la vida en las travesías clandestinas desde África, se solidarizan con ellos e incluso ya han llamado familias decididas a acoger a estos niños africanos, cuando se presente la normativa correspondiente”, avanzó Rojas visiblemente emocionada por la buena disposición.

La consejera ha peleado con tesón para que el gobierno europeo y el español “entiendan” a la perfección el drama de estos chicos, que buscan un futuro en Europa.

“Canarias ha hablado en Europa por ellos, como los propios niños africanos solicitaban”, manifestó.

Rojas sabe que la solución no es darles una primera acogida en condiciones (como se hace en la actualidad), sino que, además, es preciso ofrecerles un futuro digno. Algo que no les ofrece su país de origen.

“Hemos conseguido concienciar a Europa y a España, por ese orden, para que las leyes recojan esta demanda: la inmigración infantil, que afecta a muchos países africanos”, aseguró.

Destacó la importancia de que el Gobierno central español haya prometido modificar la Ley de Extranjería vigente para que Canarias pueda ceder la tutela de los niños africanos que se trasladen a otras comunidades.

Canarias ha ido más lejos y ha solicitado que las ayudas europeas que se envían a África en concepto de cooperación al desarrollo siempre vayan vinculadas al compromiso de que se proteja a la infancia en esos países.

Respecto a otro aspecto de su departamento, la vivienda, dijo que la Consejería “ha utilizado la crisis como una oportunidad y, ante las decenas de familias que no hacen frente al alquiler o no pueden comprar una casa, el Plan Canario de Vivienda es una herramienta de ayuda para los hogares necesitados”.

El Gobierno ha comprado mil casas para favorecer a un millar de familias que atraviesan malos momentos.

“Ahora, en época de crisis, el Gobierno tiene más viviendas VPO que en una situación de economía boyante. Así se ataja la emergencia social y, de paso, hay personas que siguen trabajando en la construcción”.

Respecto a la Ley de Servicios Sociales de Canarias, puesta en marcha hace más de 20 años, dijo que no responde a las necesidades de la sociedad actual. En este sentido, aseguró que se ha trabajado de la mano con los cabildos y de forma “extraordinaria” con los ayuntamientos, que son los que están en contacto directo con los ciudadanos.

“Hemos estudiado los servicios concertados y hemos aumentado en un 6% el presupuesto en esta materia”, indicó Rojas, quien destacó la contratación de 200 trabajadores sociales por parte del Gobierno canario para atender la emergencia social.

“Ayudamos a 9.000 familias con la colaboración de las dos cajas de ahorro canarias. Eso es prevenir y salvar muchas situaciones”, apuntó.

El Plan Canario de la Dependencia entrará en los presupuestos de 2010. Según Rojas, “ha costado que se entendiera la injerencia de la ley de dependencia con los planes canarios, pero, todos los recursos e infraestructuras las incorporamos ahora al nuevo plan, así como la acreditación de los centros privados”.

Respecto a la violencia de género, dijo que la Consejería ha firmado un protocolo con los 88 ayuntamientos y con la Fecam, “porque los municipios conocen como nadie la realidad de las mujeres”.

“La prevención de la violencia ya se está notando. El trabajo de prevención corresponde a los cabildos y consiste en que nadie pierda su vida, ni que una mujer esté muerta en vida”.

Sin embargo, reconoció que el Observatorio de la Violencia de Género tiene que evaluar si el camino que se está recorriendo es el adecuado o si es preciso cambiar el rumbo en algo".

También dijo que ella misma ha hablado con Justicia, “porque muchas maltratadas se quejan de la lentitud de los trámites o de los juicios, que se pueden demorar años”.

Aseguró que se han difundido 3.400 copias del protocolo de violencia de género, entre todos los estamentos implicados.

“Somos la segunda comunidad española que tiene este protocolo, junto con el País Vasco”.

De otro capítulo, el de los menores en acogida, Rojas manifestó su decisión de cerrar los centros para menores en situación de desamparo.

“Sólo será necesario un CAI, para el primer momento. Ahora más del 50% están en familia extensa o ajena y tenemos cerca de 500 familias que han solicitado acoger a un menor, renunciando a la adopción, sin olvidar que la familia biológica también recibe información”.

Por último, destacó que se inicia la construcción de un centro en Tenerife para menores con trastornos de conducta, en Valle Tabares, que se suma al que ya existe en la isla de Gran Canaria, con 20 plazas.