La fórmula para atajar la delincuencia juvenil no pasa por endurecer las condenas o aminorar la edad penal de los menores conflictivos, sino por mejorar la prevención y no escatimar «ni un euro» en tratar de evitar que los adolescentes de los colectivos de riesgo crucen la línea del delito. Así lo afirmó ayer sin atisbo de duda el viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco, Txema Fínez, quien recordó que la delincuencia protagonizada por menores «se ha estabilizado» en Euskadi y que la «sensación» de inseguridad e impunidad que puede haber surgido tras casos puntuales, sobre todo tras los últimos incidentes ocurridos en Guipúzcoa con menores extranjeros, «es sólo eso, una sensación que no se sustenta en datos reales».

El fenómeno, admitió Fínez, «nos preocupa», pero rechazó de plano que haya motivo para «una alarma como la que se ha despertado en algunos sectores sociales y políticos vascos». Los juzgados de menores vascos, detalló, ven cada año cerca de 3.800 casos, un número «estable» en el último trienio. En 2006, fueron 3.813. En 2007, 3.994; y en 2008, 3.877. «No puede hablarse de aumento», agregó.

Como consecuencia de estas actuaciones, los jueces vienen a dictar cada año un millar de medidas de reeducación. La mayor parte de ellas son iniciativas de régimen abierto – prestaciones en beneficio de la comunidad, libertades vigiladas o tratamientos ambulatorios – , mientras que los internamientos en centros de menores oscilan entre los 150 y 180 casos al año, por periodos variables. En Euskadi hay nueve centros que suman 82 plazas, «que nunca han estado cubiertas al 100%», destacó.

El viceconsejero de Justicia se mostró absolutamente contrario a endurecer las penas a los menores e incluso a rebajar la edad de responsabilidad penal – ahora fijada en los 14 años – , un debate que ha surgido con fuerza en la opinión pública española en las últimas semanas tras los escandalosos casos de menores de hasta 13 años que han protagonizado ataques sexuales en Córdoba y Huelva. «No hay ningún estudio que demuestre que un endurecimiento de las penas haga disminuir la delincuencia», puntualizó el representante del Departamento de Justicia. «Por lo general, cuando los menores delinquen no lo hacen pensando en las consecuencias de sus actos, sean éstas más o menos graves», indicó. Y, de otro lado, valoró que las medidas judiciales «ya pueden ser bastante duras. Es muy duro – agregó Fínez – que un chaval de 16 años pueda pasarse hasta 6 años internado».

En su lugar, el viceconsejero admitió que las instituciones deben hacer un esfuerzo «común» para aplicarse en la prevención y en la protección de los menores integrantes de los colectivos de riesgo. «Si un menor inmigrante llega a la delincuencia es porque no se han adoptado las medidas oportunas», valoró. «Y no es sólo un problema de las diputaciones – en las que recae la tutela de los adolescentes extranjeros no acompañados – , sino de todos. No debemos reducir ni un euro en los recursos que se utilizan para proteger a los menores. Habrá que recortar de otros sitios, pero no de aquí», enfatizó.

Extranjeros

A pesar de esta valoración, Fínez negó que pueda equipararse delincuencia juvenil con menores extranjeros. Para ello tomó los datos del estudio sobre la reincidencia elaborado por César San Juan y Estefanía Ocáriz, dos expertos que acompañaron a Fínez y a la directora de Ejecución Penal del Gobierno vasco, Marta Higueras, en su comparecencia de ayer. El informe señala que, de los menores que quedaron libres en 2003 tras alguna medida reeducativa, «el 74% eran originarios de la CAV y el 17,6%, extranjeros».

Este mismo informe analiza las tasas de reincidencia de esos adolescentes, a quienes se hizo un seguimiento estadístico entre 2003 y 2007 para comprobar si recaían en el delito. Lo hicieron el 28,1% de ellos, un porcentaje más elevado entre quienes habían cumplido medidas de internamiento – la reincidencia fue del 53% – que entre los que fueron encaminados por los jueces hacia situaciones de régimen abierto – reincidencia del 21,7% – . Ocáriz y San Juan avanzaron que, en un segundo estudio ahora en plena elaboración, la tasa de reincidencia ha caído al 17,7%, lo que llevó al Ejecutivo a valorar que las medidas actuales están «logrando su objetivo».


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