La alcaldesa Rita Barberá arremetió ayer contra el Gobierno central y le acusó de no asumir las competencias en materia de inmigración. «Son caóticas las consecuencias del desastroso proceso de regularización del PSOE y nos traslada su responsabilidad», aseguraba Barberá y añadía que el 15,13% de la población de Valencia es inmigrante y el 17,4% está en la Comunitat Valenciana.
Barberá denunció esta situación tras firmar un convenio con el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, para seguir atendiendo a los inmigrantes en el albergue de la avenida del Puerto.
Barberá no escatimó en argumentos y señaló que el Ejecutivo «tendría que acometer acciones de cooperación en los países de origen de los inmigrantes y no hacerse fotografías folclóricas». Asimismo, apuntó que el Gobierno «no puede hacer oídos sordos a las constantes peticiones de la UE para que España rectifique sus políticas en materia de inmigración ni a las recomendaciones de los sindicatos policiales sobre que hay determinadas políticas que no son correctas», aseguró.
El albergue de la Paz tiene capacidad para acoger a 70 personas y gracias al acuerdo firmado ayer el Consell destinará 237.620 euros y el Ayuntamiento 401.900 euros.
El conseller Blasco también acusó al Gobierno de no asumir sus competencias y aseguró que la inmigración es un modelo de financiación que es una «auténtica trágala para las autonomías, y que ha colocado a la Comunitat a la cola de todas las demás, está haciendo peligrar las políticas sociales», advirtió.
Blasco insistió en que la Generalitat «destina 1.300 millones anuales para atender a este colectivo, una cifra que es inferior a la que se ha otorgado para todo el conjunto de la Comunitat en el modelo de financiación que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha derivado a las comunidades autónomas», dijo.
El conseller matizó, que aunque el Gobierno no cumple con su parte, el compromiso del Consell es atender a los inmigrantes.